Ya había sido condenado a 4 años de prisión por colocar un explosivo en otro cajero
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional juzga desde este jueves a Gaizka Astorquizaga, alias ‘Fito’, y dos personas más por atacar con un objeto incendiario una sucursal de la entidad bancaria Kutxabank en el municipio de Ea (Vizcaya) con el objetivo “de generar terror entre la población y para reivindicar la situación de los presos de la organización terrorista ETA”.
En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía pide 18 años de cárcel para ‘Fito’ por el presunto delito de incendio terrorista con la agravante de reincidencia.
‘Fito’ ya fue condenado a 6 años de cárcel en 2011 por la Audiencia Nacional junto a otras dos personas por colocar un explosivo en un cajero en 2009 en Bilbao. El Tribunal Supremo rebajó la pena dos años porque la bomba no llegó a estallar.
La Fiscalía atribuye el mismo delito a Aroa Eguia y Ander Izaguirre, para los que solicita 16 años de cárcel. También pide que los tres acusados indemnicen conjuntamente con 64.531 euros a la entidad bancaria por los daños causados.
REIVINDICADO POR EL MOVIMIENTO ‘ATA’
El ataque tuvo lugar sobre las 23.55 horas del 13 de mayo de 2020 después de haber pintado con espray rojo en la puerta de la sucursal el nombre del etarra Patxi Ruiz –condenado a 30 años de prisión por asesinar Tomás Caballero, concejal de UPN, en 1998–, de golpear con una maza el cajero automático y de prenderle fuego, lo que desencadenó que echara a arder toda la fachada del edificio.
Varias dotaciones policiales se personaron diez minutos después en el lugar y, dada la magnitud del fuego, tuvo que acudir una dotación de bomberos a apagar el incendio, relata el Ministerio Público.
El ataque fue reivindicado por el denominado grupo ‘Amnistia Ta Askatasuna’ (ATA) –posteriormente conocido como ‘Movimiento a favor de la amnistía y contra la represión’– como parte de su campaña de sabotajes para lograr la liberación de presos de ETA.
La Fiscalía recuerda que ATA surgió tras el cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA en 2011 y fue un colectivo disidente con la estrategia oficial de la izquierda abertzale.
Entre 2017 y 2020, ATA reivindicó una serie de actos violentos, “tanto en el lugar de los hechos mediante pasquines o con pintadas, como posteriormente por medio de comunicados remitidos a medios de comunicación, justificándolos por la situación de los presos” etarras, señala el Ministerio Fiscal en su escrito.
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