El juez le dice que no está legitimado y considera que hace un uso “instrumental” de la compañía para su “exclusivo beneficio personal”
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga la presunta estafa con criptomonedas de Arbistar, José Luis Calama, ha asegurado que el supuesto cabecilla, Santiago Fuentes, utilizaba la compañía como “mero instrumento” para delinquir y ha desestimado su intento de anular las actuaciones, negando que se haya vulnerado el derecho de defensa por no haber oído a la mercantil como persona jurídica.
Calama destaca en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la “evidente falta de legitimación” del imputado para solicitar en nombre de Arbistar, aunque sea su administrador único, un incidente de nulidad por supuesta vulneración del derecho de defensa correspondiente a una entidad con personalidad jurídica propia.
El juez le replica que si considera que han sido vulnerados los derechos de la empresa, proceda a designar un abogado propio para la misma. En caso contrario, Calama intuye que lo que pretende el investigado es “precisamente hacer un uso meramente instrumental de la persona jurídica en aras a su exclusivo beneficio personal”.
Para el instructor y titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, el derecho de defensa de Arbistar como compañía “se mantiene incólume”, sin “menoscabo alguno”. Además, explica que el responsable civil tiene un tratamiento distinto según la ley, ya que durante la fase de instrucción no se le imputa ningún delito.
El juez señala que Arbistar es una sociedad unipersonal y sin una organización diferenciada de su único administrador, que la ha empleado para un presunto delito continuado de estafa, “cuyas acciones se han llevado a cabo, directa y personalmente” por el imputado, cuyo patrimonio está “confundido con el de la sociedad”.
En este caso, se calcula que Arbistar habría estafado 100 millones de euros y dejado más de 30.000 perjudicados en el mundo.
50 MILLONES EMBARGADOS
Calama recuerda que durante la investigación ha adoptado determinadas medidas cautelares sobre los bienes de la mercantil, como el embargo de todo tipo de cuenta bancaria, ya sea de criptomonedas u otro tipo de divisa, hasta cubrir los 50 millones de euros para pagar a los perjudicados si Fuentes acaba siendo condenado; o que se deposite en la AN el dinero de dos coches, valorados en casi 160.000 euros, embargados a Arbistar y subastados.
Aun así, el juez matiza que estas medidas no tienen relación con las penas posibles para una persona jurídica, sino que se pusieron para una eventual responsabilidad civil derivada de los delitos por los que se imputa a Fuentes, “que utiliza la mercantil en cuestión como un mero instrumento al servicio de sus fines delictivos”.
Estas medidas, concluye el auto, han sido “cabalmente” notificadas a Fuentes. Por tanto, el juez descarta que haya habido una falta de conocimiento que le impidiera personarse en nombre de Arbistar y tacha esa inactividad de “voluntariamente ejercitada”.
Calama acordó el embargo del dinero al “apreciar un riesgo” de que Fuentes pudiera alegar en el futuro “insolvencia” e “impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio” con indemnizaciones “pudiera hacerse efectivo, siendo necesarias para neutralizar ese riesgo la fijación de la fianza solicitada”.
EL ‘CLUB DEL MILLÓN’
Según las acusaciones, una de ellas la ejercida por el despacho Aránguez Abogados, la compañía Arbistar comenzó a funcionar durante el año 2019, primero vendiendo un ‘software’ que hacía seguimiento del mercado de las criptomonedas para avisar al inversor de cuál era el mejor momento para comprar o vender, siendo el propio usuario quien debía hacer la operación manualmente desde su ordenador.
Después, la compañía ofreció un ‘bot’ al que luego se sumaron sucesivos productos vinculados al mercado de las criptomonedas que anunciaban en vídeos de YouTube y a través de la página web.
Las altas rentabilidades que garantizaban propiciaron que los 200 inversores iniciales se multiplicaran hasta el punto de que el mercado nacional se les quedó pequeño y se dirigieron a inversores extranjeros, sobre todo en América Latina y el mundo árabe. La pirámide habría llegado a 22.000 bitcoins, unos 800 millones de euros, pero la cifra varía al ritmo que el valor de la criptomoneda.
Para que la rueda siguiera girando, pagaban un porcentaje a los inversores que traían nuevos clientes, estableciendo así un sistema de comisiones en cascada. De ahí nació el llamado ‘club del millón’, un selecto grupo integrado por unas 15 o 20 personas que habrían ganado cada uno más de un millón de euros con esas comisiones.
El juez instructor de la Audiencia Nacional vio posibles delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil, así como blanqueo de capitales, un ilícito que Calama ha optado por indagar en una pieza separada para no entorpecer la investigación principal del caso.
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