Asegura que los hechos, ocurridos entre 2002 y 2006, ya han prescrito
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha descartado extraditar a China a Rui Shan, la antigua gerente financiera de la sucursal de Tianjin de la compañía asiática OOCL, a la que el país reclamaba por presuntamente haberse apropiado de 980.895,12 yuanes –124.436 euros– antes de desaparecer, provocando “graves pérdidas económicas” a la empresa.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal declara no procedente la extradición de la mujer, defendida por la letrada Mónica Aguilar de Lealta Abogados, asegurando que los hechos que se recogen en la orden de captura de agosto de 2016 habrían prescrito de acuerdo con la legislación española.
La petición de entrega emitida por China explicaba que, en junio de 2012, OOCL encargó a su directora financiera que denunciase que la antigua gerente financiera de un departamento –la mujer reclamada– habría malversado fondos de la empresa entre 2002 y 2006.
Tras la investigación, se constató que, “durante su mandato, Shan Rui malversó fondos por un valor total de 980.895,12 yuanes de la sucursal de Tianjin de OOCL aprovechando su cargo, con el propósito de apropiarse ilegalmente” de los mismos.
“Entre ellos, 700,000 yuanes se utilizaron para adquirir bienes inmuebles, 5.000 yuanes se utilizaron para pagar los fondos de previsión de vivienda y 275.895,12 yuanes se retiraron”, recoge la solicitud de extradición.
La Audiencia Nacional afirma en su resolución que “no existe ninguna duda acerca de la identidad de la reclamada, ni se trata de un delito político, habiéndose acompañado con la demanda extradicional los documentos necesarios, exigidos legalmente”.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, en línea con lo sostenido por Fiscalía, indica que “las investigaciones llevadas a cabo por la Policía China (Oficina de Seguridad Pública de Tianjin) comenzaron en fecha 7 de agosto de 2012 y no fue hasta el 2 de agosto de 2016 hasta que la Fiscalía Popular del Distrito de esa ciudad autorizó la captura de la reclamada”.
“Entre el 29 de marzo de 2006 y el 2 de agosto de 2016 han pasado más de 10 años sin que conste que haya existido ninguna actuación jurisdiccional o de la propia Fiscalía China que pudiera interrumpir la prescripción”, concluye el auto.
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