El reclamado habría generado cerca de 17 millones de dólares por la publicación de los vídeos
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional estudia este martes si extradita a Estados Unidos al presunto jefe de una organización criminal que, entre 2012 y 2019, obligó a al menos 16 mujeres de entre 18 y 22 años a grabar pornografía en condiciones extremas, llegando a provocarles –según la Fiscalía– “daño físico” y sufriendo diversas amenazas.
En el escrito del Ministerio Público, recogido por Europa Press, se detalla que el sospechoso habría captado a través de su red a todas estas mujeres –entre las que se incluye una niña de 16 años– “mediante ofertas de trabajo que resultaron ser falsas, pues lo eran para trabajos de modelaje” en Estados Unidos.
“Una vez que las mujeres respondían al anuncio, el reclamado y los demás miembros del grupo criminal les ofrecían entre 3.000 y 5.000 dólares por participar en la producción de vídeos pornográficos, afirmando que se mantendría su anonimato y que sus vídeos serían adquiridos únicamente por un coleccionista privado con residencia en Australia, a quien se les entregaría en formato DVD y que nunca serían públicos”, explica la Fiscalía.
En ocasiones, añade el Ministerio Fiscal, “los miembros del grupo criminal contrataban a otras mujeres como parte del engaño, quienes afirmaban a las víctimas haber participado en la elaboración de esos vídeos y que el reclamado y sus secuaces decían la verdad, que dichos vídeos nunca saldrían a la luz, más allá de su visionado por el coleccionista privado”.
Una vez que las víctimas aceptaban, eran desplazadas en avión hasta San Diego, en California, lugar de producción de los vídeos pornográficos. Allí, “el reclamado y sus secuaces desplazaban a la víctima hasta un hotel y en la habitación le resumían el contenido del contrato que le iban a pasar a la firma”.
NO CUMPLÍAN LAS CONDICIONES
“Frecuentemente, antes de que ello sucediera, le habían ofrecido alcohol y marihuana para consumir y nunca les entregaban copia del mismo. Si veían dudar a la víctima, bloqueaban la puerta de salida del hotel”, sostiene la Fiscalía.
En este contexto, aduce el Ministerio Público que “en la filmación de los vídeos nunca se cumplían las condiciones que afirmaron el reclamado y sus secuaces a las víctimas que iban a respetar”.
“Así, las víctimas se negaban a continuar debido al daño físico que sufrían, y se negaban a efectuar algunos de los actos sexuales que les eran exigidos. Entonces eran presionadas por el reclamado y por los demás investigados para continuar, bajo amenaza de que, de no hacerlo, no podrían salir de allí, serían demandadas por incumplimiento de contrato, se les reclamaría la devolución del importe del billete de avión y de su estancia en el hotel y, respecto de las que eran extranjeras, que serían expulsadas del país”, recoge el escrito.
La Fiscalía explica que los sitios porno gestionados por el reclamado generaron unos beneficios de 17 millones de dólares, una cantidad que éste “no solo guardó en su propio beneficio y utilizó para pagar a los demás miembros del grupo, sino que destinó a abonar los billetes de avión de las víctimas a las compañías aéreas, las habitaciones de los hoteles y la renta del alquiler” donde se grababan los vídeos.
“Una vez que las victimas conocían que sus vídeos eran públicos, pedían al reclamado y a sus secuaces que los retiraran de la web, petición que jamás fue aceptada. El entorno de dichas mujeres, profesional, social y familiar accedió a los mismos. Las víctimas perdieron sus trabajos o abandonaron sus estudios, fueron acosadas por sujetos conocidos o desconocidos y algunas de ellas trataron de suicidarse”, concluye el Ministerio Público.
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