MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Alianza por una Alimentación Saludable urgió este miércoles al nuevo Gobierno a prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años y regular la publicidad y el etiquetado de alimentos no saludables en el marco de la “legislatura de la alimentación saludable”.
Así lo reclamaron dos de sus portavoces, Javier Guzmán y María Capellán, en el acto de entrega de los XVI Premios Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) organizado por el Ministerio de Consumo (cuyas competencias en el nuevo Gobierno recaen en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y en el que la alianza recibió el Premio Estrategia NAOS de especial reconocimiento por su lucha contra el sobrepeso y las enfermedades asociadas a la obesidad.
Con él se reconoce la labor de la alianza como “iniciativa pionera que engloba a distintas organizaciones de defensa de los consumidores, la salud y el medio ambiente” y sus propuestas “para la defensa de los derechos de las personas más vulnerables”, así como su “lucha contra la epidemia del sobrepeso y la obesidad en España y las enfermedades no transmisibles asociadas”.
Todo ello, según añadió el jurado, mediante la promoción de una alimentación “justa, sana y equitativa, basada en alimentos frescos, de temporada y proximidad, mínimamente procesados y con un alto valor nutricional”.
En el transcurso de su intervención, Guzmán subrayó que España está “en el vagón de cola de Europa en lo que se refiere a políticas alimentarias”, por lo que advirtió de que “es más urgente que nunca retomar la agenda alimentaria relegada o congelada sin justificación cuando estamos en plena crisis alimentaria en el país y en toda Europa”.
ALIMENTACIÓN SANA EN LOS COLEGIOS
Por su parte, María Capellán juzgó “fundamental” que las administraciones públicas “apuesten de manera contundente” por ofrecer una alimentación “sana y sostenible” en los centros educativos para “combatir la epidemia de obesidad y la alta incidencia de trastornos alimentarios que afectan a niños y adolescentes”.
La Alianza por una Alimentación Saludable está compuesta por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la Confederación de Consumidores y Usuarios, Medicusmundi, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y VSF Justicia Alimentaria Global, que presentaron varias peticiones sobre políticas alimentarias para que el nuevo gobierno pueda implementarlas “de forma urgente”.
En relación a la regulación de la publicidad y el etiquetado de alimentos no saludables, impulsada por el departamento de Alberto Garzón en la anterior legislatura y que no salió adelante por el “veto” del Ministerio de Agricultura y Alimentación, la alianza consideró “esencial” elaborar una ley que regule la publicad y el etiquetado de alimentos y bebidas ultraprocesadas con alto contenido en calorías, grasas saturadas, sal o azúcares.
“Se debe evitar la exposición de los menores a todas las formas de marketing de este tipo de productos para proteger adecuadamente sus derechos”, sentenció, al tiempo que instó al Ejecutivo a “reclamar” la implantación de un sistema de etiquetado nutricional frontal interpretativo a nivel europeo “o, en su defecto, implantarlo a nivel estatal”.
MÁS MEDIDAS
En paralelo, emplazó al Gobierno a prohibir la venta de bebidas energéticas a la población menor de edad, “dándole un tratamiento similar al de las bebidas alcohólicas” y a lanzar un etiquetado de advertencia visible en el frontal de los envases, informando sobre la “alta” presencia de cafeína, azúcares y otros componentes.
Además, instó a prevenir el consumo de alcohol en menores a través de una ley para retrasar la edad de inicio, superar la “baja percepción de riesgo” asociada a esta sustancia o implementar intervenciones eficaces para prevenir dicho consumo como la prohibición de su publicidad.
Junto a ello, pidió una ley estatal de compra pública alimentaria basada en criterios de “justicia social y ambiental”, que, además, “promueva” la economía y agricultura local y “preserve” la salud así como el fomento de una alimentación “saludable y sostenible” en los centros educativos y la articulación de un servicio de comedor público, de calidad y gratuito.
En paralelo, abogó por bajar los impuestos a los alimentos saludables y subirlos a los insanos o con alto impacto ambiental y por regular “de manera eficaz” los precios de los alimentos básicos para garantizar el acceso de la población a una alimentación saludable.
Asimismo, demandó la prohibición inmediata de la exportación de pesticidas prohibidos en la UE, que actualmente se envían a terceros países y la sustitución, antes de 2030, de un 55% de los fertilizantes sintéticos utilizados actualmente.
Los Premios Estrategia NAOS, que se celebran desde 2007, tienen como finalidad “reconocer y dar visibilidad” a los programas e iniciativas públicas y privadas que promuevan una alimentación saludable, fomenten la práctica de actividad física regular y “combatan” la obesidad, en especial, la infantil.
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