SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha emitido este viernes un comunicado en el que asegura que las familias con menores que fueron desalojadas este martes de un edificio inacabado en Costa del Silencio por riesgo de derrumbe contaban con alternativa habitacional a través de los servicios sociales municipales.
“Dentro de las acciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento, nos aseguramos de que ningún niño se quedara en la calle, y por tanto, en el caso de que algún menor hubiese pernoctado en la zona, una vez llevado a cabo el desalojo, fue una decisión de su familia”, ha destacado.
Lemes ha apuntado que el desalojo se produjo en ejecución de una sentencia por los riesgos estructurales del inmueble que “hacían temer por la vida de las personas” que vivían en las instalaciones y desde el pasado 6 de febrero se venía trabajanado en buscar una solución a los afectados.
Ha lamentado que el Ayuntamiento disponía de un informe urbanístico desde 2021 que “nunca fue trasladado a Servicios Sociales”, lo que impidió hacer un trabajo previo con los vecinos, pero aún así, desde el área de Servicios Sociales se ha trabajado para definir los perfiles e identificar los casos más vulnerables y activar, si procede, ayudas de emergencia.
La alcaldesa no ha obviado que el municipio se encuentra en temporada alta turística con lo que la oferta alojativa “es prácticamente nula” para buscar una alternativa a los afectados.
De hecho, se ha contactado con la patronal Ashotel, la Subdelegación del Gobierno, el Instituto Canario de Vivienda y el Cabildo de Tenerife, a través de las áreas de Menores y Dependencia del IASS, en busca de recursos “urgentes”.
Además se ha dado cuenta de la situación a la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias y la Fiscalía de Menores.
Lemes es consciente de las “situaciones de dificultad” que viven muchas personas en el municipio y en la isla, algo que se ha puesto de manifiesto con el ‘Edificio Chasna’, donde vivían personas en situación de vulnerabilidad social y por otras que, sin ser vulnerables, “no pueden acceder a una vivienda por el elevado coste de la misma y la escasa oferta de alquiler residencial”.
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