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La Airef propone que los nuevos funcionarios se integren en el sistema de salud pública y tengan la opción de elegir su afiliación a las mutuas

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MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó este lunes la primera fase de su estudio sobre el mutualismo administrativo, dentro del ‘Spending Review 2022-2026’, en el que propone que la adscripción obligatoria actual sea voluntaria y que los nuevos mutualistas se incorporen directamente al Sistema Nacional de Salud (SNS).

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, señaló que no está proponiendo “una incorporación inmediata” al sistema público, ya que esto “tiene que estar condicionado a un refuerzo previo del SNS. Además, justificó que está propuesta de incorporación de los nuevos mutualistas al SNS se basa en que en torno a un 70% de ellos ya elige el sistema público.

“Mejoraría la eficiencia del sistema. El sistema te hace ser mutualista. Con el régimen voluntario, supondría ahorros tanto para el estado como para el funcionario, porque esas aportaciones no se producirían”, agregó Herrero.

La Airef detectó margen para mejorar la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema, y propuso dos reformas estructurales para transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario y la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS).

En comparación con el entorno, España supone una excepción entre los países con sistemas sanitarios universales financiados mediante impuestos. Así, Italia y Turquía integraron sus regímenes espaciales de funcionarios durante la constitución de sus sistemas estructurales de sus sistemas de salud, mientras que Grecia y Portugal lo hicieron durante las reformas de la crisis económica.

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PREFERENCIAS SEGÚN GRAVEDAD

El 25% de los mutualistas que no requieren atención hospitalaria de gravedad eligen la sanidad pública, mientras que la mayoría opta por los seguros privados. Sin embargo, estos porcentajes cambian cuando las patologías se agravan.

Cuando se detecta una patología extrema, el 60% de los mutualistas optan por tratarse en la pública, y el porcentaje oscila entre el 70 y el 80% cuando tienen que someterse a una quimioterapia o requieren un tratamiento nefrológico.

En cuanto a la titularidad de los centros, cuando la severidad de la patología es menor, asisten de forma mayoritaria a hospitales privados. Sin embargo, cuando es extrema, hasta el 66% de los mutualistas se dirige a los hospitales públicos, como expuso durante la presentación el director de la División de Evaluación, José María Casado. Además, cuando son jóvenes, el 90% va a hospitales públicos.

En la decisión de sanidad pública o privada, también influye la edad y el cuerpo al que pertenece el funcionario. Así, las mujeres menores de 40 años prefieren la pública, mientras que los hombres policías y trabajadores de instituciones penitenciarias se decantan por la privada.

Entre los principales motivos por los que los funcionarios, al margen de su cuerpo, eligen la sanidad privada, están el acceso directo a especialistas, las listas de espera más reducidas o la flexibilidad horaria.

SECTOR FARMACÉUTICO

En el ámbito de la eficiencia, la evaluación mostró importantes diferencias entre las modalidades pública y privada, sobre todo en el sector farmacéutico. La segregación de mutualistas, con 1,6 millones en la modalidad privada de la población general del SNS, con 47,8 millones, limita algunas de las ventajas inherentes en términos de economías de escala.

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Así, los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios a paciente externo a precios significativamente más elevados que los de adquisición de los servicios públicos de salud y, en algunos casos, llega a sextuplicar el coste.

Además, en la sanidad privada se observa una preferencia por el uso de medicamentos de marca en lugar de genéricos, con un 40% en la modalidad pública y un 32% en la privada. En esta misma línea, se observó una diferencia de 23 puntos en los biosimilares.

RUPTURA DE LA EQUIDAD

Casado señaló en su exposición que el hecho de que un profesor interino tuviera que tratarse en el SNS mientras que un funcionario en su misma situación y con la misma actividad pudiera elegir rompía la quedad del sistema horizontal.

También apuntó que la elección del SNS entre los nuevos mutualistas está generando que mutualidades reciban ingresos del sistema de financiación pero que no los gasten porque cuentan con menos usuarios. “De continuar este aumento de la preferencia de la pública, veremos muchos ingresos que no se traducen en gastos y esto hará repensar el mutualismo”, advirtió.

La Airef informó de que este estudio se realizó con 400 millones de microdatos suministrados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), que se han cruzado con el gasto en prestación farmacéuticas y de asistencia hospitalaria, además de con los de asistencia ambulatoria proporcionados por Adeslas, Asisa y DKV, que hasta ahora proporcionaban atención a los mutualistas.

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Casado señaló que fue “todo un reto” poder hacer la evaluación de estos microdatos, ya que al tratarse de información relativa a la salud tiene que cumplirse con los requisitos y garantía de la Ley de Protección de Datos.

INFORME AL GOBIERNO

Herrero recordó en esta rueda de prensa que el Gobierno conocía “una versión preliminar” de este informe, y no un borrador como tal, desde diciembre. La presidenta de la Airef explicó que podrían no haberlo hecho, ya que no habían pasado seis meses desde que les proporcionaron los datos en octubre, pero consideraron pertinente que el Ejecutivo tuviera este avance en plena polémica por la licitación de Muface.

“A nosotros nos parecía que la adopción de decisiones, cuanto más informada esté, mejor será, por más que los gobiernos puedan decir que estas son las razones técnicas, pero por motivos políticos o por lo que sea se adoptan otras decisiones”, comentó.

Herrero aclaró que el texto remitido al Gobierno no contenía “la prima mágica” para las aseguradoras, pero sí apuntes sobre la coordinación, la receta electrónica o los precios de los medicamentos que “podían ser útiles a la hora de negociar el importe de la prima” e incorporar esas condiciones en el pliego.


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