MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este jueves su ‘Opinión sobre riesgos fiscales’, en la que estimó en 47.157 millones de euros el coste fiscal de la covid y los riesgos ambientales entre 2005 y 2023.
Entre los riesgos identificados por este informe, también se subrayaron las acciones legales contra el Estado con sentencias todavía pendientes de cumplir. Las más destacadas tendrán, a futuro, un impacto de unos 12.500 millones de euros, según los datos de la AIReF. La media entre 2014 y 2023 tuvo una repercusión de unos 1.000 millones de euros al año.
La Opinión presentada este jueves concluyó que el análisis de los riesgos fiscales es fragmentado e incompleto, y pidió provisionarlos de manera adecuada para asegurad la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En este informe, el organismo presidido por Cristina Herrero se centró en los riesgos macroeconómicos, ambientales y los derivados de las acciones legales contra el Estado, a su juicio, los más relevantes. También se estudió el uso del Fondo de Contingencia para mitigar los riesgos fiscales.
La AIReF insistió en que el análisis de los riesgos fiscales sigue siendo una asignatura pendiente y reconoció que no resulta sencilla su valoración. Para avanzar en esa línea, la apuesta del organismo implica incorporar este análisis a las cuentas públicas.
Fuentes del organismo señalaron que estos riesgos fiscales y macroeconómicos tienen una enorme trascendencia en la credibilidad y la solidez de las cuentas públicas. Además, invitaron a pensar en la visión a medio plazo de las cuentas públicas que, a su juicio, no se está produciendo ni en el ámbito nacional ni en el europeo.
RIESGOS MACROECONÓMICOS
Estos riesgos ocurren cuando las perturbaciones macroeconómicas imprevistas provocan desviaciones en los resultados fiscales. El análisis de la AIReF estudió los errores de previsión macroeconómica y fiscal del Gobierno entre 2000 y 2023.
La conclusión fue que los mayores errores en el PIB nominal se relacionan con las condiciones financieras, perturbaciones de costes y de precios de materias primas, impactos de la inmigración, la crisis de la pandemia y los shocks de demanda externa.
La Opinión publicada por la AIReF este jueves también determinó que las perturbaciones más relevantes para la economía española y sus variables fiscales proceden de la parte de la demanda.
Estos impactos se han vuelto cada vez más frecuentes, por lo que la AIReF aboga por mejorar el análisis de los errores de previsión e incluir informes de la planificación fiscal. Asimismo, el organismo recomendó al Gobierno cuantificar esos riesgos macros en los presupuestos y qué riesgos se van a trasladar a las variables fiscales, en lugar de limitarse sólo a ofrecer un escenario central.
RIESGOS AMBIENTALES
La ocurrencia de desastres naturales también supone costes fiscales para las Administraciones Públicas, bien a través de los costes de reparación de daños o de las medidas de apoyo a los damnificados.
Por el momento, España carece de una estrategia pública que identifique, cuantifique y permita gestionar los riesgos medioambientales para las finanzas públicas. No obstante, el informe de la AIReF identificó, basado en fuentes disponibles, riesgos climatológicos, como sequías e incendios; hidrológicos, como inundaciones; y meteorológicos, como temporales de lluvia y temperaturas extremas.
Entre 2005 y 2023, el coste fiscal de los desastres, incluida la pandemia, fue de 47.157 millones de euros. Esta cifra es sólo una aproximación, por lo que la Opinión de la AIReF insistió en hacer un estudio más profundo, con más fuentes de análisis y con la inclusión de otros fenómenos.
La propuesta del organismo también apuntó a hacer explícito el coste de la reparación de daños de desastres naturales en las infraestructuras públicas en los presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como el coste de ayudas y subvenciones a damnificados en el presupuesto del Ministerio del Interior.
Otra recomendación de la AIReF en este sentido fue la creación de una base de datos del coste fiscal de los desastres naturales. Tanto la Administración Central como las locales deberían elaborar estrategias de gestión que puedan tener impacto presupuestario.
ACCIONES LEGALES
La Opinión de la AIReF evidenció que las demandas judiciales contra el Estado se han convertido en los últimos años en un riesgo significativo para las finanzas públicas. Entre 2014 y 2023, las sentencias judiciales desfavorables para los intereses del Estado tuvieron un coste medio de 1.000 millones de euros.
La AIReF también prevé que este efecto se extienda a 2024 y a los ejercicios posteriores, ya que hay sentencias desfavorables dictadas de elevada cuantía. Entre ellas, se incluyen 642 millones de euros de la sentencia de financiación del bono social eléctricos; 1.479 millones de euros del Impuesto de Actividades Económicas de los operadores de telefonía móvil; y 1.700 millones de euros de las sentencias del IRPF de pensionistas de mutualidades laborales y cálculo para pensionistas con más de 35 años cotizados.
También se suman 1.200 millones de euros de una sentencia sobre la reforma del impuesto de sociedades; 6.500 millones de la sentencia por el tipo autonómicos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; y 944 millones de una sentencia sobre el complemento a la pensión de jubilación de los padres.
Para tratar de minimizar el coste de las acciones legales sobre las cuentas, la AIReF recomendó prevenir conflictos y reducir la probabilidad de sentencias desfavorables, a través de consulta con organismos europeos y la utilización rigurosa de los instrumentos legales, como el real decreto ley, así como una revisión constante de las leyes.
Por otro lado, las recomendaciones a la Administración se centraron en desarrollar mecanismos ágiles y evaluar las probabilidades de éxito de las reclamaciones. Todo ello englobado en un contexto de transparencia sobre las sentencias que, para la AIReF, se puede lograr con la creación de una base de datos centralizada con la información de las sentencias.
FONDO DE CONTINGENCIA
Esta Opinión de la AIReF también analizo el funcionamiento del Fondo de Contingencia. Aunque su finalidad es hacer frente a imprevistos, el organismo presidido por Herrero encontró que el 43% de sus recursos ya está comprometido con operaciones de carácter recurrente, como las operaciones de mantenimiento de paz o la asignación tributaria para actividades de interés social.
Desde la AIReF avisaron que, aunque la media está en el 43%, hay algunos años en los que la asignación a gastos no imprevistos supera el 50%.
En concreto, las operaciones de paz consumen desde 2012 el 33% del Fondo, mientras que el gasto en sentencias recibe el 14%. Las verdaderas contingencias, como el gasto derivado de las catástrofes naturales y el coronavirus se llevaron un 10% y un 6%, respectivamente. Por su parte, el gasto de actividades de interés social de asignación tributaria tuvo un volumen del 8%.
Para la AIReF, esta utilización recurrente aumenta el riesgo de desviaciones y afecta a la transparencia del presupuesto. De hecho, en el organismo consideraron que esto ofrece una imagen distorsionada de los presupuestos.
La consecuencia de este uso es una reducción de los recursos disponibles para afrontar riesgos fiscales y una inadecuada utilización de estas partidas. La AIReF avisó de que estas prácticas debilitan la razón de ser del Fondo y proponen restringir su uso para gastos recurrentes.
Las propuestas recogidas en su Opinión se enfocaron en la publicación de informes periódicos que detallen la naturaleza de los gastos financiados y la implementación de algún mecanismo de evaluación y seguimiento para garantizar que esos fondos se destinen a contingencias.
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