MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Instituto Coordenadas de la Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea) se quejó este miércoles de “altos índices de litigiosidad adversa” para la Agencia Tributaria frente a los contribuyentes y destacó la “acción correctora” que están ejerciendo los tribunales administrativos y judiciales sobre actuaciones del organismo.
En un comunicado, la organización señaló los “continuos fallos en contra” recibidos por la Agencia Tributaria por parte de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Constitucional y los tribunales europeos.
El Instituto de Coordenadas lo atribuyó principalmente a que “prima la cantidad e importe de las actuaciones tributarias en lugar de la calidad y eficaz recaudación”. Esto se vería impulsado por la retribución variable que reciben los inspectores por productividad, de manera que pesaría “el volumen de actuaciones y sanciones en las que intervienen, con independencia de que éstas acaben finalmente siendo revocadas”, según señaló la organización.
El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, afirmó que “la proliferación de actuaciones de la Agencia Tributaria desautorizadas por los escasos mecanismos de defensa del contribuyente podría condicionar la imparcialidad de los funcionarios, con acumulación insólita de fallos judiciales que están cuestionando la aplicación e interpretación de las normas tributarias por parte de Hacienda, evidenciando la inseguridad jurídica”.
El Instituto cita ejemplos como la anulación de multas del modelo 720 para declarar bienes y activos en el extranjero, el caso del futbolista Xabi Alonso absuelto de fraude a Hacienda por la Audiencia Provincial de Madrid y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también el de Sito Pons, Jorge Lorenzo y el empresario José María Aristrain como otros nombres propios en los que los juzgados se han posicionado en contra de la Agencia Tributaria. Igualmente, señala la resolución en contra de posibilitar la entrada generalizada en el domicilio particular o social del contribuyente por sospecha de fraude o el rechazo a apremiar al cobro de las deudas tributarias sin contestar al recurso de reposición del contribuyente.
Desde la Agencia Tributaria recordaron a Servimedia los datos del último informe sobre el seguimiento de los indicadores fijados en el Plan Estratégico 2020-2023, entre los que se encuentra uno referido a la conflictividad tributaria. Éste refleja que el indicador de conflictividad absoluta (recursos y reclamaciones sin previa reposición interpuestos durante el período) “se mantiene estable” y la conflictividad relativa (relaciona actos reclamados con la totalidad de actos emitidos recurribles) “presenta un decremento desde el 2,21% en 2017 hasta el 1,95% en 2021”.
El citado informe también recoge datos sobre los actos administrativos que son objeto de reclamación económico-administrativa y, en su caso, de posterior recurso contencioso-administrativo. “Un 0,30% del total de actos que dicta la Agencia Tributaria y que son reclamables son finalmente anulados por los Tribunales, bien en la vía económico-administrativa (un 0,28%) o bien en la vía contencioso-administrativa (un 0,02%)”.
Por último, durante el año 2021, el 62,2% de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos y el 84,5% de sentencias de los Tribunales Contencioso-Administrativos fueron favorables a la Agencia Tributaria. El fuerte incremento del porcentaje favorable a la Agencia Tributaria en el ámbito contencioso-administrativo viene dado por el desistimiento de los recurrentes en algo más de 11.000 recursos contra actos en materia del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, ante la jurisprudencia establecida por el Supremo del 8 de junio de 2021. En cuanto a las resoluciones en la vía económico-administrativa, el porcentaje es similar al de 2020.
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