MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), miembro de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), respaldó el posicionamiento de esta y mostró su inquietud ante el contenido de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, recientemente aprobada.
La AEHM se suma a la Cehat y Hostelería de España para reclamar una ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario “clara y que tenga en consideración las enmiendas aprobadas en el Senado”, Cámara a la que, según la AEHM informó en un comunicado, ambas organizaciones hicieron llegar sus propuestas.
Indicó que la ley, aprobada el pasado 20 de marzo en el Congreso, busca prevenir y reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria y establece una jerarquía de prioridades de solución que afecta a las operaciones de la hostelería, imponiendo la donación de sus excedentes.
El sector de la hostelería y el del alojamiento señalan que desconocen si la ley establece el desarrollo de reglamentos específicos que consideren la operativa de los establecimientos de hostelería, cómo habrán de operar en el futuro y la afectación a sus responsabilidades como empresas que sirven alimentos.
Durante el trámite de enmiendas en el Senado, Cehat y Hostelería de España hicieron llegar varias propuestas de enmiendas, entre las que destacan “relativizar la obligatoriedad de cumplir con la jerarquía de prioridades, optando por la donación para la obtención de biomasa en el caso de que no existan entidades próximas que presten servicios de distribución para la donación de alimentos” y “relativizar la obligatoriedad de suscribir acuerdos de donación”.
También que el donante establezca las condiciones que aseguren la trazabilidad en su establecimiento, pero no una vez que el alimento sale del mismo; la exoneración de responsabilidad del establecimiento que realiza la donación del excedente una vez que este se encuentra a disposición de un tercero; y el establecimiento de sanciones graduales y posibilidad de subsanación de la acción infractora durante el proyecto sancionador sin que conlleve sanción alguna.
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