MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) aseguró este martes que los enfermos de cáncer deben recibir “la mejor opción terapéutica disponible, basada en la evidencia científica”, y que los oncólogos no tienen que recibir presiones.
Así se expresó en un comunicado sobre la denuncia de algunos oncólogos de la sanidad privada que aseguran haber sido presionados para no prescribir tratamientos eficaces pero de alto precio. Si esa práctica denunciada por los oncólogos “se está llevando a cabo, sería inadmisible ya que atentaría directamente contra el derecho de los pacientes a recibir el tratamiento adecuado viva donde viva y se le atienda dónde se le atienda”, remarcó la AECC.
La Asociación cree que “es responsabilidad del profesional sanitario proporcionar la mejor opción terapéutica disponible, basada en la evidencia científica, sin recibir presiones de ningún tipo”.
Así mismo considera necesario tranquilizar a las personas con cáncer ya que sus derechos están garantizados por ley a través de dos normativas: por un lado, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de la que se desprende que los principios de cohesión y calidad del sistema sanitario garantiza que, en situaciones donde un medicamento no esté disponible, el paciente reciba la atención adecuada, ya sea a través de un tratamiento alternativo o mediante la derivación a otro centro que pueda proporcionarlo.
Por otro, el artículo 10 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que dice que los pacientes tienen el derecho a ser informados de forma comprensible sobre su diagnóstico, las opciones de tratamiento disponibles, los riesgos, los beneficios y las consecuencias de los tratamientos propuestos. “Esto implica que un paciente tiene derecho a expresar sus preferencias sobre el tratamiento, pero siempre dentro del marco de lo que sea clínicamente adecuado y la última palabra la tendrá el médico”.
Por último, la AECC cree “necesario monitorizar el acceso a la innovación en oncología en nuestro país para garantizar la equidad en todo el territorio. A día de hoy esta monitorización no es posible por la falta de datos”.
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