Se trata de la información contenida en los dispositivos incautados durante el registro de su casa
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las filtraciones a la prensa de lo que denomina su “agenda” –la información contenida en los dispositivos que le fueron incautados durante el registro en su casa–, al considerar que constituyen un delito de revelación de secretos, al tiempo que ha señalado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como fuente.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, García explica que en la entrada y registro efectuada en su domicilio el 19 de febrero de 2024 la Guardia Civil “intervino una serie de efectos y dispositivos electrónicos, consistentes esencialmente en teléfonos móviles, ordenadores, tablets, pendrives, etc”, con información relacionada con su “actividad profesional” pero también de carácter personal suya y de terceras personas no implicadas en el llamado ‘caso Koldo’.
“Actualmente, y pese a haber interesado en reiteradas ocasiones la devolución de los efectos intervenidos en dicha entrada y registro, o en su caso, una copia clonada de los mismos, por entender que más de un año después era la única resolución que procedía acordar conforme a derecho, lo cierto es que los mismos se encuentran, al parecer, aún en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil” sin que conste que haya dado traslado oficial de su contenido, dice.
García indica que, pese a que esa información solo estaría en poder de la UCO, “en los últimos meses se han venido produciendo y publicando una serie de ‘noticias’ en los medios de comunicación, no solamente relacionadas con el devenir de los procedimientos judiciales” en los que está investigado, “sino que se está desvelando el contenido concreto y específico de lo que se ha venido denominando ‘la agenda de Koldo'”, su “supuesta agenda personal”.
El ex asesor ministerial recrimina que se han publicado “datos e información correspondiente a terceras personas que nada tienen que ver con el procedimiento judicial referenciado, y que en todo caso se están viendo afectadas por la difusión de las mismas, toda vez que se está menoscabando claramente el derecho a la intimidad salvaguardado en el artículo 18 de la Constitución Española”.
En este contexto, pide, “de un lado, evitar que sigan filtrándose datos de carácter personal a la prensa y, de otro lado, determinar quién de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está custodiando los dispositivos de los que se está extrayendo la información y filtrándola a los medios de comunicación”.
Para García, resulta evidente que, si la UCO custodia los dispositivos electrónicos desde que se produjo la entrada y registro en su domicilio y “ninguna parte o autoridad más ha tenido, o ha debido tener, acceso a los mismos”, la “conclusión” sobre “cuál es la fuente de información de la que se nutren los medios de comunicación es que sea la Guardia Civil”.
UNA PRÁCTICA “HABITUAL”
“Esta práctica, que viene siendo habitual desde que se iniciasen los procedimientos judiciales en los que me encuentro investigado, no puede ser admitida en ningún caso, ya que vulnera claramente mi derecho a la intimidad, así como el de los terceros afectados, y, además, supone la aparente comisión de un delito de revelación de secretos, con la agravante de autoridad o funcionario público”, afirma.
En la misma línea, subraya que “la salvaguarda de la protección de datos, así como del derecho al honor y a la intimidad, debe ser una política compartida y protegida por y para todos los ciudadanos, sean del signo político que sean, sean del sector profesional que sean, por lo que se debería impedir, prohibir y castigar el uso de los datos de carácter personal con fines que responden exclusivamente a intereses partidistas y políticos”.
Con todo, pide a la Fiscalía que lleve a cabo las diligencias de investigación que considere necesarias para esclarecer los hechos denunciados, “depurando las responsabilidades correspondientes”, para que “se eviten más filtraciones de datos”.
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