MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Justicia Alimentaria ha exigido al Gobierno de España y a las instituciones de la UE que tomen medidas concretas para proteger la salud pública y el medio ambiente, después de que Parlamento Europeo haya rechazado la reducción de plaguicidas.
La organización ha mostrado su rechazo con la decisión del Parlamento Europeo, que el pasado miércoles rechazó la propuesta de reducción de plaguicidas en la Unión Europea. Para Justicia Alimentaria esto significa que el Pacto Verde europeo, un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo era situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, “ha desaparecido definitivamente debido a la presión continuada por parte del agronegocio”.
“Después de dos años de arduo trabajo intentando revocar una normativa obsoleta e ineficaz para proteger a la ciudadanía europea y al medio ambiente de la inaceptable toxicidad que producen décadas de uso descontrolado e intensivo de pesticidas altamente peligrosos, las buenas intenciones han desaparecido con el voto generalizado a favor de la toxicidad”, indican desde Justicia Alimentaria.
En este sentido, la organización critica que este hecho evidencia la influencia del ‘lobby agrotóxico’ en las decisiones políticas y pone en peligro la salud pública y la sostenibilidad ambiental. “Europa entra en modo suicida”, ha asegurado el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán.
“La decisión del Parlamento Europeo representa un retroceso significativo en los esfuerzos por un futuro sostenible y saludable. En dos días ha rechazado la reducción de uso de pesticidas y aprueba el acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda. Seguiremos comiendo alimentos que nos enferman y trayendo otros de más de 20.000 kilómetros”, ha añadido.
Por ello, Justicia Alimentaria ha lanzado una campaña sobre ‘Pesticidas y Alimentación’, que busca concienciar y movilizar a la sociedad para revertir esta tendencia y asegurar un futuro libre de sustancias tóxicas en nuestra alimentación.
Justicia Alimentaria ha revelado en su investigación tres problemas que considera clave en el uso de plaguicidas: una clasificación “ineficaz”, un sistema de control “deficiente” en España, y un “límite humano” de análisis que “favorece a los grandes fabricantes, quienes pueden eludir la detección y regulación eficaz de sus productos”.
La organización argumenta que existe un umbral físico en cuanto a lo que se puede evaluar y controlar en términos de residuos de plaguicidas en los alimentos. Considera que este límite es superado con frecuencia, lo que “significa que muchos plaguicidas no son evaluados adecuadamente”. “Esta situación no solo aumenta los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, sino que también crea una competencia desleal, donde las empresas más grandes tienen ventajas sobre las más pequeñas y sobre las prácticas agrícolas sostenibles”, aseguran.
“Estos hallazgos de Justicia Alimentaria destacan la necesidad urgente de revisar y fortalecer las políticas y regulaciones relacionadas con el uso de plaguicidas en la Unión Europea y, en particular, en España. La atención a estos problemas es vital para garantizar la seguridad alimentaria, proteger la salud pública y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras”, concluyen desde la organización.
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