MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Junts ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa con la que pretende evitar que se repita el actual bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su idea es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del Consejo sean cesados automáticamente en cuando cumplan sus cinco años de mandato, para forzar así su sustitución.
La proposición de ley de Junts, a la que ha tenido acceso Europa Press, llega tres días después de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, amenazara con dimitir para obligar a la elección de los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, hace ya casi cuatro años.
Además, Junts ha pedido que comparezcan en el Congreso para dar cuenta del bloqueo actual tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como el propio Lesmes.
Según ha recalcado el diputado de Junts Josep Pagés, de salir adelante su iniciativa, que requiere mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica, los vocales con mandato caducado perderían “sus sueldos y prerrogativas”. “Esto obligaría a los partidos políticos a posicionarse y llegar a acuerdos sobre el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial”, remarca.
En concreto, Junts plantea retocar el artículo 570 de la Ley del Poder Judicial. Además del cese automático al cumplir los cinco años de mandato, la formación independentista plantea que mientras no sean elegidos sus sustitutos, las funciones “estrictamente administrativas y sancionadoras” del Consejo las ejercerán tres de los miembros salientes: el de mayor edad, el más joven y el que se haya incorporado a su puesto en último lugar.
Asimismo, la iniciativa prevé que hasta que haya nuevo Consejo, estos tres vocales que pilotarán la transición no puedan proponer nombramientos, pronunciarse ante el nombramiento de un nuevo fiscal general, interponer conflictos de atribuciones entre órganos del Estado o emitir informes sobre leyes o acerca de los expedientes de responsabilidad patrimonial “por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”.
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