MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Junts ha censurado este lunes al Ministerio del Interior por negarse a darle información sobre la supuesta protección ofrecida a un condenado por narcotráfico, Manuel Andrés Puentes Saavedra, cuyo testimonio ha sido clave para incriminar al abogado Gonzalo Boye –que es letrado también de Carles Puigdemont– en el juicio contra José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’.
En diciembre, el partido que lidera Carles Puigdemont ya pidió explicaciones sobre el permiso de residencia de Puentes Saavedra, pero el Ministerio del Interior se ha negado a dar detalles en una respuesta parlamentaria por escrito fechada el 12 de febrero, consultada por Europa Press.
“El Gobierno, pese a mantener un respetuoso cumplimiento y pleno sometimiento al control parlamentario, no puede facilitar información de la situación administrativa o judicial de ciudadanos particulares”, ha indicado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
NUEVA BATERÍA DE PREGUNTAS
Tras conocer la respuesta, Junts ha denunciado la “contradicción de este trato, especialmente en comparación con la negativa del propio Ministerio del Interior a permitir la escolta policial de los Mossos d’Esquadra al presidente Puigdemont al que legalmente tiene derecho”.
Según ha informado Junts, la formación ha registrado este lunes una nueva batería de preguntas para insistir en pedir explicaciones por la decisión de dar permiso de residencia al ciudadano colombiano Andrés Puentes Saavedra. Además, lo justicia en que ahora “ha tenido conocimiento de que el Ministerio del Interior le ha asignado protección policial”.
Junts señala, finalmente, que Manuel Andrés Puentes Saavedra –a quien además de con el tráfico de drogas lo vincula con el blanqueo de capitales y un asesinato en Colombia en 2019– es “conocido por su colaboración con ‘Sito Miñanco”, así como que “fue puesto en libertad provisional en agosto de 2019 tras prestar declaración incriminando al abogado Gonzalo Boye”.
La iniciativa parlamentaria coincide con la decisión de la Fiscalía de este lunes de informar al tribunal de la Audiencia Nacional de que mantiene su petición de 31 años y 6 meses de prisión para el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo por su intento de introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína.
También mantiene su petición de nueve años y nueve meses de cárcel para el abogado Gonzalo Boye, al que acusa de haber intentado blanquear casi 900.000 euros incautados en Barajas y que eran presuntamente del ‘narco’.
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