MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha alertado este lunes del riesgo de impunidad al cuestionar declaraciones de víctimas de delitos sexuales, tras la absolución del exfutbolista Dani Alves.
“Diseccionar las declaraciones de las víctimas atribuyendo extraordinario valor a posibles contradicciones en aspectos accesorios, sin atender al relato global y a los elementos de corroboración periférica nos llevaría, en aras a un pretendido método y rigor científico, a verdaderas situaciones de impunidad que, de nuevo, afectarán de forma evidente a mujeres e infancia, víctimas principales de estos delitos”, asegura la asociación en un comunicado.
En este sentido, reivindica la validez de la declaración de las víctimas de delitos sexuales y subraya que “desde hace muchos años, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido que la declaración de la víctima puede ser suficiente para justificar el dictado de una sentencia condenatoria, incluso aunque fuese la única prueba disponible”.
Asimismo, explica que cobra “particular importancia” en los casos de delitos contra la libertad sexual “porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada”.
Para realizar esta valoración expone que la jurisprudencia fija una serie de parámetros sobre las condiciones que deben concurrir en las declaraciones: credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva o verosimilitud y persistencia en la incriminación.
Estos criterios indica que son “orientativos”, “permiten exteriorizar el razonamiento judicial” y “hacen posible que la credibilidad que se otorgue al testimonio de la víctima no descanse en un puro subjetivismo, ajeno a todo control externo, sino en criterios lógicos y racionales”.
También destaca que, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, “las víctimas de delitos sexuales exponen una línea de progresividad en su declaración que determina que puedan existir modificaciones puntuales que para el recurrente puedan resultar relevantes pero que en un contexto de gravedad como el relatado en los hechos probados no tienen el rango que podría conllevar una duda capaz de apuntar a la falta de credibilidad de la víctima”.
La Asociación de Mujeres Juezas recalca que el trabajo de jueces y juezas es “extraordinariamente complejo, fruto de un proceso valorativo que, desde el rigor técnico, lleve a la validación del testimonio partiendo siempre de la presunción de inocencia como valor fundamental de nuestro sistema penal”.
Sin embargo, advierte de que cuando se procede a “desnaturalizar la jurisprudencia asentada durante tantos años y, de facto, negar la posibilidad de condena basada en la declaración de la víctima”, se pasa a “consagrar una injusticia material metodológicamente perfecta”.
ADVIERTE DE “DEVASTADORAS CONSECUENCIAS” ANTE UN RETROCESO
“Desde AMJE queremos advertir de las devastadoras consecuencias que, para las víctimas, y al fin para la justicia, puede tener una deriva de retroceso en los avances logrados que han conseguido, salvaguardando la presunción de inocencia, abrir una puerta por la que las víctimas de delitos sexuales han podido ser protegidas. No se las volvamos a cerrar”, concluye.
Este comunicado de la Asociación tiene lugar después de que el viernes la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocase por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, a 4 años y 6 meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton en diciembre de 2022.
En el auto consultado por Europa Press, el tribunal estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa del futbolista y desestima los de la Fiscalía, que pedía elevar la pena a los 9 años de prisión, y de la acusación particular, que pedía subirla hasta los 12 años.
La sentencia señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante y precisa que antes “las insuficiencias probatorias” acuerda la revocación de la sentencia, una resolución absolutoria y dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.
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