MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha acusado al Gobierno de tener “un plan para aplastar los derechos laborales y sociales” de los agentes del cuerpo, que celebra este 12 de octubre del día de su patrona, la Virgen del Pilar.
Precisamente, Jucil ha lamentado que este año esta jornada se celebre “en medio del olvido que sufre la institución por parte de sus principales cargos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el resto del Ejecutivo”.
“Un olvido que se manifiesta en la reducción que se observa en la plantilla de guardias civiles en España, con permanente y constante cierre de cuarteles, lo que conlleva además una pérdida de seguridad para los ciudadanos, sobre todo en las áreas rurales”, ha agregado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, en un comunicado.
En este sentido, ha apuntado a una “reducción” de los derechos laborales que tenían “precariamente consolidados”, motivo por el que abandonaron el Consejo de la Guardia Civil en septiembre, junto a otras asociaciones. “Ni siquiera se nos deja en ese órgano presentar de manera adecuada nuestras propuestas”, ha explicado Vilariño.
Así, ha expuesto que sospechan que existe “un plan para laminar, aplastar, los derechos laborales y sociales de los guardias civiles”, así como para “hundirlos de nuevo en la más rancia tradición del ordeno y mando de la que parecen gustar los actuales responsables políticos”.
En este contexto, Jucil ha reclamado también respeto para los representantes de los guardias civiles, que reclaman la equiparación salarial y de derechos laborales con los cuerpos policiales autonómicos. “Sólo pedimos igualdad y la desaparición de situaciones privilegiadas por parte de unos funcionarios públicos frente a otros”, ha aseverado Vilariño al respecto.
Por otro lado, la asociación ha reiterado su posición contra una posible amnistía “de prófugos y delincuentes en Cataluña con el objetivo de conseguir los votos que permitan cerrar un acuerdo de Gobierno”.
Al respecto, ha rechazado que sea posible que esa amnistía “afecte también a los compañeros y policías nacionales procesados por los sucesos provocados por el independentismo en Cataluña”. “Quienes actuaron según las órdenes recibidas y en cumplimiento de la Ley no pueden ser utilizados como moneda de cambio en una amnistía que quiebra del Estado de Derecho, ya que admite que quienes actuaron en contra de la Constitución y se saltaron la ley hicieron bien porque se trataba de normas injustas y antidemocráticas”, ha manifestado-
Por último, ha asegurado que “peleará por la devolución de los derechos laborales y sociales perdidos” y por la defensa de la Institución”.
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