Indica que el procedimiento está viciado de nulidad desde el momento en el que se acordó la primera prórroga en 2018
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La defensa del productor José Luis Moreno ha solicitado al juez del ‘caso Titella’ que no prorrogue de nuevo la instrucción porque a su juicio ya se ha lesionado su derecho a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión desde el momento en el que el primer juez que conoció del asunto –el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid– abogó, sin que se lo pidiera el fiscal, por una primera prórroga.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Moreno, que saltó a la fama por sus actuaciones como ventrílocuo en la televisión, indica que también se ha quebrado el principio de seguridad jurídica, de proscripción de la arbitrariedad y de congruencia de las decisiones judiciales, y recuerda que esa primera prórroga de la investigación se resolvió mediante un auto dictado “dos meses después” de que expirara el plazo para hacerlo.
Por eso, entiende que todo lo actuado en la causa a partir del verano de 2018 es “ciertamente irregular” y “viciado de nulidad” porque la instrucción está conclusa desde esa fecha. Y se agarra al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que reza que “si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1 –de prórroga–, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha”.
Asevera, asimismo, que la ley no contempla que la prórroga pueda ser acordada por el juez de oficio porque siempre debe ser a petición del Ministerio Fiscal. Y añade que los plazos fijados por la LECrim responden “a la necesidad de agilizar la prestación del servicio público de la Justicia” superando “las instruccioneseternas”.
Por otro lado, con la causa siendo instruida ya en el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular es el magistrado Ismael Moreno, la defensa del productor apunta que ahora ya sí “procede declarar conclusa la presente instrucción penal por no concurrir circunstancia alguna que justifique la ampliación del plazo”.
“Sucede que la ampliación de la prórroga de una causa ya declarada compleja ha de ser total y absolutamente excepcional y, por ello, de aplicación restrictiva”, recuerda apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y añade que el hecho de que haya pendientes diligencias acordadas “”no habilita ni justifica la fijación de un nuevo plazo”.
Y va más allá porque asevera que las pesquisas realizadas hasta la fecha “obligan a concluir que los hecho que se atribuyen a Moreno carecen de toda significación y relevancia jurídico penal”, motivo por el que “procede acordar sin más demora el sobreseimiento y archivo del procedimiento respecto del mismo”.
EL ORIGEN DE TITELLA
Las indagaciones en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó en junio de 2021 con la detención del ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al “fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados”, “a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés” y al “blanqueo de capitales”; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los “máximos responsables” y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, “como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita” a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, “era el principal receptor de los fondos obtenidos”.
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían “amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil”, por lo que se ocuparían de crear las sociedades, “maquillarlas”, poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de “empresas pantalla” administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían “grandes cantidades de dinero en efectivo” a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
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