El exdirector general de Patrimonio y Contratación afirma que no vio ningún “indicio extraño” en la pasada Legislatura
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)
El exdirector general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, José Julián Isturiz, ha dicho este miércoles que “nunca” se habló de contratación de material sanitario ni de empresas determinadas ni en el comité científico ni en las sesiones del comité de gestión a las que asistió.
En una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha detallado que formaba parte del comité científico junto al director del SCS, Conrado Domínguez, y cuatro catedráticos universitarios, y también asistió, en ocasiones, al comité de gestión que presidía el por entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres.
Ha definido este último comité como “multidisciplinar”, con la presencia de algunos consejeros y temáticas determinadas, mientras que el científico, del que tomaba “notas o resúmenes”, era de corte asesor y estaba más orientado a cuestiones como la desescalada, la apertura de centros educativos, horarios o la fijación de ‘grupos burbuja’.
“Nunca asesorábamos sobre empresas, no sé como se tomaban las decisiones”, ha señalado, apuntando incluso que no tiene “ni idea” de quien comunicaba a la dirección de Recursos Económicos del SCS las contrataciones que debían realizarse.
Lo que sí ha esgrimido es que había “muchísimos empresarios que ofrecían cosas” y se derivaba a una dirección de correo electrónico que las centralizaba.
Isturiz ha dicho también que el SCS era independiente como órgano de contratación de su dirección general, lo mismo que la Agencia Tributaria, que encargó las obras de reforma de su nueva sede, un edificio ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, adjudicadas a una empresa de la ‘trama Koldo’.
Ha dicho que no conoce a Koldo García, Víctor de Aldama ni a los dueños de RR7 –empresa investigada por el cobro de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que no se recibieron– y reconocido que en pandemia se vivió una “situación extraordinaria y anormal”, hasta el punto de hubo hasta tres reales decretos que modificaron la ley de contratos del sector público.
LA TOMA DE DECISIONES ERA “MUY DIFÍCIL”
En esa línea ha comentado que es “muy difícil tomar decisiones en un momento determinado” y cuando se va adquirir algo se quiere “lo mejor” pero “si no hay no hay”, aunque eso no quiere decir que se avale la actuación de “ningún golfo”.
“Compras al que compras habitualmente, y el que compra, quiere comprar bien, me niego a que haya una sensación de que los gestores públicos son un desastre, me resisto”, ha destacado, poniendo a modo de ejemplo que si se quiere “comprar kleenex” y el proveedor habitual no tiene, pues no hay más remedio que buscar alternativas.
“Mi hija es enfermera de la UCI y me mandaba fotos diciendo, estamos con bolsas de basura porque no tenemos batas”, ha rememorado, por lo que entiende que se suscribieran contratos de forma “excepcional”, eso sí, “no a cualquier precio” ni llevándose comisiones.
Ha insistido en que durante la pandemia había “muchas interpretaciones de la norma” sobre contratación pública y no ha querido ahondar en el informe de la Audiencia de Cuentas sobre una posible “mala praxis” en la comunidad autónoma.
“El artículo 120 no ampara ningún trato de favor a nadie, poco puedo opinar, los tribunales tendrán que decir, que el juzgado diga lo que tenga que decir, si no se hizo bien, habrá unas consecuencias”, ha agregado.
Con todo, ha dejado claro que nunca recibió “ninguna indicación” del Gobierno de Canarias sobre alguna empresa determinada y en “ningún momento” vio algún “indicio extraño”.
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