MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Israel ha asegurado este miércoles que investiga las “circunstancias” de la muerte de un trabajador de Naciones Unidas en la Franja de Gaza, si bien ha indicado que en las primeras pesquisas no han encontrado “conexiones” con las actividades del Ejército israelí en el enclave palestino.
“Expresamos nuestro pesar por la muerte del ciudadano búlgaro, trabajador de la ONU, ocurrida hoy en la Franja de Gaza. Se están investigando las circunstancias del incidente”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, en X.
Asimismo, ha informado de que “los exámenes preliminares no han encontrado ninguna conexión con las actividades” de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). “El Ejército está ayudando a evacuar el cuerpo y los heridos, que serán tratados en hospitales de Israel”, ha agregado en redes sociales.
El director ejecutivo de la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, ha señalado en rueda de prensa que el fallecido es miembro del organismo y ha agregado que otros cinco integrantes del equipo han resultado heridos de gravedad.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado más pronto en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que “seis trabajadores extranjeros de organizaciones de Naciones Unidas han resultado heridos” en un bombardeo israelí, antes de agregar que “uno de ellos ha muerto tras su traslado al Hospital Mártires de Al Aqsa”, situado en la ciudad de Deir al Balá.
El Ejército de Israel se ha distanciado de las acusaciones y ha afirmado que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no han atacado una sede de Naciones Unidas en Deir al Balá”. “Las FDI piden a los medios de comunicación que tengan cautela con los informes no verificados”, ha apuntado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X.
El Ejército israelí reinició el martes sus bombardeos contra la Franja, dejando hasta ahora más de 430 muertos, entre ellos más de 180 niños, y cientos de heridos, rompiendo así el alto el fuego en vigor desde el 19 de enero, lo que ha desatado una oleada de críticas internacionales.
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