MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha señalado que el Gobierno de España “debe cumplir” la Convención de Derechos del Niño y aplicar la excepción del Convenio de La Haya, “denegando la entrega” de Daniel, hijo menor de Juana Rivas, a su padre.
La que fuera ministra de Igualdad apuesta por denegar la entrega de Daniel a su padre, el italiano Francesco Arcuri, para “protegerle del grave peligro-reconocido por la justicia española- que supone volver con su padre”.
Así lo ha manifestado este martes la eurodiputada de la formación morada, después de que la Sección Civil de la Corte de Apelaciones de Cagliari haya decretado la vuelta a Italia del hijo menor de Juana Rivas, tras conceder su custodia exclusiva al padre, el italiano Francesco Arcuri.
Así consta en el decreto de la corte italiana, consultada por Europa Press, que se produce después de que la Fiscalía del país alpino le solicitara que se concediera a Rivas “la guarda y custodia en exclusiva” de su hijo menor en el transcurso de la vista celebrada el pasado 17 de enero, cuando el caso quedaba visto para sentencia.
El menor ha permanecido con la madre de Maracena (Granada) desde las fechas navideñas y Arcuri había denunciado además a su expareja ante los tribunales italianos por sustracción de menores tras expirar el plazo del 8 de enero fijado por la Corte de Apelación de Cagliari para que su hijo pequeño regresara a Italia después de pasar las fiestas navideñas con la madre en España, dado que él tenía la guarda y custodia.
Por otro lado, en España, el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia de género vicaria que interpuso Rivas contra su expareja, al que acusa de “utilizar” a sus dos hijos para “dañarla” a lo largo de los últimos ocho años.
En el auto al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada argumentaba que todos los episodios relatados por parte de Juana Rivas en esta denuncia “han sido ya denunciados y se encuentran judicializados en distintos procedimientos penales”.
Mantiene, por tanto, que, al margen de la calificación jurídica que pretenda otorgarles la parte denunciante, no existe “hecho alguno presuntamente delictivo distinto” a los que se han denunciado hasta el momento y por ello procede el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
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