MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Inversores afectados por el impago de los laudos arbitrales por las primas a las renovables han mostrado su preocupación “sobre la intervención” de la comisaria europea Teresa Ribera en el conocido caso Antin y han considerado que se “pone en riesgo la confianza de los inversores en el compromiso de Europa con el Estado de derecho y la competencia en condiciones”.
Este lunes la Comisión Europea ha ordenado a España que no pague “ninguna indemnización” basada en el laudo arbitral que le condenó en 2018 a compensar al fondo luxemburgués Antin por el recorte en las ayudas a las renovables, tras varios años de investigación que han llevado a Bruselas a concluir que tal arbitraje constituye una ayuda de Estado ilegal.
En un comunicado, los inversores estimaron así que la “imparcialidad de toda la Comisión y su respeto a los estándares legales están ahora en entredicho, con una creciente preocupación por el uso de las instituciones de la UE para beneficiar a una comisaria en ejercicio y a un Estado miembro”.
En este sentido, señalaron que, durante su audiencia de confirmación en el Parlamento Europeo, Ribera se comprometió explícitamente a apartarse de todos los casos relacionados con España para evitar conflictos de interés. No obstante, consideraron que “hechos recientes apuntan a que Ribera podría haber utilizado su posición dentro de la Comisión Europea para influir en el proceso de toma de decisiones en favor de España”.
Para estos inversores, “el uso indebido del poder institucional en beneficio de una comisaria en ejercicio y de su país de origen socava el compromiso de la UE con la competencia justa y la seguridad jurídica”.
“Las acciones de la comisaria Ribera y su gabinete corren el riesgo de causar un daño duradero a la reputación de la UE como sistema basado en normas, comprometido con la equidad, la transparencia y la integridad legal”, destacaron.
No obstante, advirtieron de que, con independencia de lo que determine la Comisión Europea, como afectados conservan el derecho a impugnar tal decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y de que la ejecución del laudo arbitral avanza en otras jurisdicciones -como Estados Unidos, Reino Unido o Australia-, independientemente de los procedimientos internos de la Unión Europea.
Asimismo, mostraron su “firme compromiso” con lograr el pleno cumplimiento del laudo y con la defensa de la integridad del arbitraje internacional.
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