MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se ha comprometido con el Consejo General de Enfermería (CGE) a modificar el reglamento de prisiones del año 81, “que está totalmente obsoleto”, y a actualizar las competencias de las enfermeras de prisiones.
Este compromiso se ha materializado en una reunión que han mantenido ambos organismos y donde se ha puesto de manifiesto la situación profesional de la enfermería de prisiones, y se han solicitado mejoras laborales y la actualización de sus competencias, las cuales se encuentran en este momento reguladas en el obsoleto Reglamento Penitenciario de 1981 y “no se adecuan” a las que actualmente se establecen en la normativa derivada de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que proclama la autonomía profesional.
Para el CGE, el actual reglamento está “obsoleto” y deja “desamparadas” a las enfermeras de prisiones. En este sentido, el organismo ha informado de que el compromiso adquirido por Instituciones Penitenciarias se llevará a cabo durante el transcurso de este año y regulará el marco de competencias de las enfermeras de prisiones y les otorgará la cobertura jurídica que necesitan.
Con esta modificación, Instituciones Penitenciarias buscará soluciones ante una situación que exige actuar “sin más demora”, con el fin de evitar “perjuicios” para el sistema sanitario penitenciario y a los propios profesionales, “que no solo merecen estar protegidos con seguridad jurídica respecto de sus actuaciones profesionales”, sino también obtener “el reconocimiento que corresponde” a las funciones y cometidos que actualmente desempeñan.
“El reglamento penitenciario que rige las competencias de las enfermeras y enfermeros que trabajan en prisiones es totalmente obsoleto, es de 1981, recoge unas competencias de hace 42 años que no se ajusta, para nada, a la realidad que viven los enfermeros y enfermeras que trabajan en prisiones, por lo tanto, les hemos pedido esa actualización del reglamento en base al documento marco aprobado mediante la Resolución 13/2019 en el seno de la Organización Colegial por la Asamblea General, donde figuran claramente las competencias que tienen las enfermeras y enfermeros en estos momentos en el ámbito de Instituciones Penitenciarias”, ha comentado el secretario general del CGE, Diego Ayuso.
Entre las reivindicaciones que se han manifestado no solo se encuentra la actualización de las funciones del cuerpo de enfermería en prisiones, sino también la revisión y determinación, con plena seguridad jurídica, de las funciones que pertenecen a otros profesionales sanitarios y que no pueden ser asumidas por enfermería sin incurrir en posible intrusismo profesional.
Asimismo, durante la reunión también se han tratado aspectos derivados del reconocimiento de la realidad profesional actual de enfermería, para permitir su acceso a la carrera profesional, el establecimiento de los complementos específicos acorde con las funciones reconocidas, así como las cuantías por días especiales.
“La situación actual dentro de prisiones es muy compleja por el déficit de médicos, que en nuestro caso es más agravado. Para nosotros resulta fundamental, primero, un respaldo legal de nuestro trabajo que estaría recogido en esas competencias. Y, por otro lado, una vez que se actualicen las competencias, los complementos que se han quedado desfasados y que no corresponden para nada a la situación que vivimos dentro de los centros penitenciarios, se adapten a nuestra situación real, tanto a las competencias, que se reconozcan, como al trabajo que realizamos dentro de los centros penitenciarios”, ha zanjado el enfermero del Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid III, Eusebio Espuela.
En enero de 2019, la Organización Colegial ya remitió al Ministerio de Interior un escrito exponiendo la situación de este colectivo del que no se recibió respuesta y por el que instaron nuevamente al ministro en otro escrito en febrero de 2020. “Tras una primera respuesta con buen talante, pero sin soluciones a los problemas expuestos”, la Organización Colegial, “ante la insistencia lógica de los afectados”, ha optado por dirigirse de nuevo ante la “urgente necesidad” de afrontar una situación “preocupante” y ante el bloqueo funcional que se puede llegar a producir sin un abordaje real de los problemas manifestados.
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