Consejería defiende concentrar la actividad en un edificio en Madrid: mayor especialización y uniformidad de criterios en la actuación
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Los veterinarios y farmacéuticos de las Unidades Técnicas de la Dirección General de Salud Pública han presentado en el juzgado de lo contencioso administrativo una solicitud de medidas cautelarísimas para suspender la reordenación de las Unidades Técnicas del Área de Salud Pública donde desempeñaban sus funciones en distintos puntos de la región para centralizarlas en un único espacio en la capital.
Se trata de los conocidos como inspectores de Sanidad, técnicos dependientes de la Dirección de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, encargados de la realización de inspecciones en dos grandes áreas, la higiene y seguridad alimentaria y la sanidad ambiental, en coordinación con ayuntamientos, corporaciones y otras entidades locales.
El pasado día 10 recibieron una notificación de un escrito de 7 de marzo, firmado por el Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad, en el que se les comunicaba “de un día para otro” la modificación de sus “condiciones, circunstancias, lugar y centro de trabajo” y su incorporación inmediata a un edificio de la capital, según se recoge en el recurso contencioso administrativo presentado por los trabajadores, a través de su defensa representada por Administrativando Abogados, boutique especializada en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.
Las Unidades Técnicas en las que hasta ahora trabajaban, once áreas de salud pública distribuidas por la región, se localizaban en distintos municipios de la Comunidad con la finalidad de prestar un servicio eficiente. Con el inicio de esta modificación, pasarán así a estar centralizadas en un edificio ubicado en la calle San Martín de Porres de la capital.
DE LA NOCHE A LA MAÑANA
Un desmantelamiento “de la noche a la mañana” de estas once unidades ubicadas en las distintas poblaciones de la región que “ha dejado sin las funciones que tenían asignadas como veterinarios y farmacéuticos” y por el que se “les ha modificado su centro de trabajo, obligando a los empleados “a desplazarse” a Madrid, se reseña en el escrito.
“Se ha destrozado la conciliación de la vida familiar y laboral de mis representados, toda vez que teniendo destino en las distintas 11 Unidades Técnicas distribuidas por la geografía de la Comunidad, siendo que sus domicilios están próximos a las mismas; de un día para otro, se les modifica el lugar de trabajo a la ciudad de Madrid y eso supone desplazamientos que dificultan el atender a los hijos menores, en especial, a los menores de 12 años en lo relativo a los horarios escolares, de comida, extraescolares, etc”, se expone en la solicitud de cautelarísimas.
En la notificación remitida a los trabajadores se hace referencia a la Orden de 23 de febrero de 2023 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla Presupuestaria de la Consejería de Sanidad y por la que se modifican, entre otros, las unidades, centros y localidad de trabajo de Farmacéuticos y Veterinarios adscritos a la Dirección General de Salud Pública.
Una orden que, según expone la firma fundada y dirigida por el abogado Antonio Benítez Ostos, no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), cuando sería obligatoria “su publicación íntegra”, ni notificada en su integridad y tampoco se conoce cómo ha sido aprobada. Tampoco consta, se añade en el escrito, que exista un plan de empleo que autorizara la modificación/supresión/ traslado de los puestos de trabajo y funciones de los Farmacéuticos y Veterinarios, funcionarios de carrera y titulares de sus plazas,
“De forma que les afecta de forma directa en su esfera de los derechos, obligaciones e intereses; que dinamita su conciliación familiar, que obliga de un día para otro a realizar desplazamientos desde las localidades en las que se encuentran sus puestos de trabajo en las Unidades Técnicas (que están extinguiendo apresuradamente) a la ciudad de Madrid”, se añade.
Ante este perjuicio ilegítimo para los intereses y derechos de los trabajadores afectados, la representación letrada de los trabajadores defiende la condición de “urgencia” a la hora de suspender la citada orden como “una herramienta para garantizar provisionalmente la eficacia de la sentencia definitiva y como remedio para que ésta, llegada a su ejecución, no resulte tardía”. Asimismo, se reclama que los trabajadores continúen en sus puestos actuales “como medida cautelar de protección de la conciliación personal, laboral y familiar” y como “garantía de la atención a la población de la Comunidad Autónoma de Madrid en los mismos términos que se venía prestando dicho servicio”.
MAYOR ESPECIALIZACIÓN Y UNIFORMIDAD DE CRITERIOS
Desde la Consejería de Sanidad han indicado a Europa Press que la reorganización de la estructura de la Dirección General de Salud Pública en la que se viene trabajando busca dotarla de más recursos para adaptarla a las necesidades actuales y previstas a medio plazo, de modo que al integrar a los profesionales que realizan idénticas funciones en un mismo centro permitirá “un mayor conocimiento de su área de trabajo, mayor especialización y uniformidad de criterios en la actuación de cualquier municipio de la Comunidad”.
“Mayoritariamente los inspectores de Salud Pública están trabajando para poner en marcha esta reorganización y la valoran positivamente”, han indicado desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.
En cambio, desde CC.OO. Madrid han advertido de que se esta centralización dificultaría el desempeño de su labor inspectora y de vigilancia y han reclamado una reunión con la Dirección de Salud Pública para conocer el nuevo diseño.
No obstante, según denuncian, desde este departamento les han emplazado a un encuentro cuando ya esté implantado el nuevo modelo. “Ellos dicen que no va a producirse ningún cambio y que tienen claro que el modelo que quieren es el de la centralización pero el problema es que no sabemos en qué consiste”, ha lamentado Manuela Carral, responsable de CC.OO. Madrid de servicios centrales de la Consejería de Sanidad.
Por su lado, el sindicato CSIF ha avanzado que sus servicios jurídicos están valorando si la implementación de este nuevo modelo organizado cumple con lo dispuesto en la normativa vigente y ha advertido de que, en caso de no ser así, emprenderá las acciones legales que considere oportunas.
“El alejamiento del área geográfica sobre el que ejercen su actividad conlleva un incremento del tiempo dedicado a los desplazamientos que va a afectar negativamente a la calidad de las inspecciones que realizan los técnicos destinados en ellas”, ha señalado CSIF, que advierte que “al reducir el tiempo del que disponen para realizar su trabajo, se dejarían de controlar parámetros secundarios que podrían acabar generando una alerta sanitaria”.
La organización sindical ha recordado además el precedentes de la unificación de las Áreas Sanitarias. “Tuvieron que medio revertir el proceso, creando siete direcciones asistenciales para mantener la cercanía y la gestión sanitaria con el ciudadano”, ha recordado.
En este sentido, ha subrayado que la Consejería de Sanidad vuelve a calcular mal al obviar “la relevancia de la acción inspectora de nuestros Técnicos Superiores de Salud Pública y su control sobre la sanidad ambiental, la seguridad alimentaria y las zoonosis”, que son “pilares básicos a tener en cuenta para evitar males mayores sobre los ciudadanos madrileños”.
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