MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha expresado este martes su “firme apoyo” ante la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid de citar como investigados a cuatro redactores de ‘El País’, ‘El Mundo’ y ’20 Minutos’ por difundir el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con el caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
“Esta situación pone de relieve la importancia de proteger la libertad de prensa y el derecho a la información, principios fundamentales en una democracia consolidada”, ha defendido la asociación.
Asimismo, ha manifestado que el artículo 20 de la Constitución española “garantiza el derecho a la libertad de información y el secreto profesional de los periodistas, pilares esenciales para un ejercicio periodístico libre y responsable”.
Según ha defendido la organización, la labor de los informadores es “crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en un Estado de derecho, y cualquier intento de limitar su labor o cuestionar su integridad profesional es un ataque directo a la democracia”.
ACIJUR ha manifestado que “el ejercicio del periodismo de investigación, que a menudo implica la divulgación de información sensible y de interés público, debe ser protegido y garantizado”.
De este modo, ha instado a actuar con “la máxima consideración” hacia la labor periodística y a “garantizar que los derechos de los informadores sean respetados en todas las circunstancias”.
Finalmente, ha reafirmado su “compromiso” con la defensa de la libertad de expresión y de la prensa, “componentes esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática y plural”, y ha asegurado que “continuará trabajando para promover un entorno que facilite el ejercicio de la profesión periodística sin temor a represalias o investigaciones infundadas”.
El juzgado ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 19 de junio a cuatro redactores por las informaciones que publicaron el pasado 25 de noviembre sobre el informe en el que la UCO analizaba las conversaciones de WhatsApp y los correos electrónicos intervenidos a la fiscal provincial de Madrid por orden del Supremo.
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