MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Incrementar el gasto en defensa en línea con las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pide a sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que destinen el 5% del PIB, supondría para los países de la UE un coste anual adicional de unos 875.000 millones de dólares (833.923 millones de euros), lo que presionaría la solvencia de los emisores soberanos, según S&P Global.
En su análisis, la calificadora de riesgos plantea tres hipótesis en función del porcentaje de PIB dedicado a gasto militar, pasando desde un primer escenario del 2,67% si se cumpliera con la media ponderada de gasto a un segundo con un gasto del 3,30% si se equiparase con el de Estados Unidos y a un tercero del 5% del PIB para cumplir con las exigencias sugeridas desde la nueva Administración estadounidense.
En estos escenarios, S&P Global calcula que la UE en su conjunto tendría que aumentar anualmente el gasto de defensa en 242.000 millones de dólares (230.639 millones de euros) en el escenario menos exigente y en 875.000 millones de dólares en el más oneroso.
En opinión de la calificadora de riesgos, esto es mucho más de lo que los países individuales pueden financiar sin compensar dichos desembolsos “con otras reducciones del gasto o probablemente presionando su solvencia”.
De hecho, la agencia calcula un sensible impacto de estos potenciales incrementos sobre el déficit de los países. En el caso de España, la calificadora de riesgos anticipa que el déficit presupuestario se elevaría al 4,6% del PIB en el primer escenario, frente al 2,9% previsto actualmente, pero escalaría hasta un 6,6% en el tercer escenario con un gasto del 5% del PIB.
En este sentido, en ausencia de cambios en las reglas fiscales de la UE, considera que la mayoría de los estados miembros individuales tendrían que reordenar sus presupuestos para absorber tal nivel de aumento del gasto de defensa, lo que lleva a S&P Global a avisar de las probablemente “significativas” consecuencias políticas de recortar el gasto social para compensar el mayor gasto militar.
Asimismo, la agencia apunta que excluir el gasto de defensa de los cálculos del déficit presupuestario en virtud de las reglas fiscales de la UE no tiene implicaciones para los niveles de deuda o las necesidades de endeudamiento, ya que no altera las necesidades de endeudamiento ni los niveles generales de deuda, por lo que no tiene efecto en la evaluación de la agencia de la posición presupuestaria del emisor soberano.
De tal manera, recuerda que muchos gobiernos europeos ya están lidiando con una deuda elevada y grandes déficits y siguen siendo sensibles a las condiciones del mercado y advierte de que, incluso los países de Europa central y oriental, que ya observan mayores compromisos en materia de defensa, probablemente tendrían dificultades para sostener un mayor gasto militar en un contexto de desaceleración del crecimiento económico, envejecimiento de la población y aumento de los costes sociales.
EMISIÓN CONJUNTA.
Sobre este aspecto, la agencia plantea que una acción colectiva podría ser una respuesta, aunque apunta que todavía no se haya logrado un consenso al respecto, ya que varios países, incluida Alemania, siguen oponiéndose a la emisión conjunta de eurobonos, mientras que parece que un subconjunto de Estados miembros quiere avanzar con una solución compartida.
En cualquier caso, recuerda que el proceso para acordar la emisión de un instrumento europeo común es complejo, en referencia al posible impedimento que supone la unanimidad requerida para las decisiones en asuntos de finanzas y políticas exteriores y de seguridad comunes, así como la importancia de los detalles de cualquier acuerdo de financiación colectiva para determinar su solvencia, mientras que destaca que, si los responsables políticos de la UE deciden emitir más deuda paneuropea, esto podría beneficiar al euro, al menos marginalmente, al aumentar la oferta de activos paneuropeos.
Asimismo, la calificadora de riesgos apunta que instituciones como la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, podrían constituir las vías iniciales para proporcionar financiación adicional a los miembros de la UE.
No obstante, advierte de que el multiplicador fiscal del gasto de defensa en la UE “sigue siendo modesto”, lo que implica que el potencial estímulo económico sería limitado, en contraste con lo que sucede en Estados Unidos, donde los multiplicadores más altos se traducen en una mayor expansión económica relacionada.
“Esto se debe a que el gasto de defensa de Europa es intensivo en importaciones y sólo un tercio se dedica a inversiones”, explica S&P Global al señalar que la “fragmentada” industria de defensa de la UE emplea a menos del 0,3% de la fuerza laboral y las compras nacionales de favorecen a los campeones nacionales en lugar de buscar economías de escala y eficiencia.
En este sentido, recuerda que únicamente 19 de las 100 principales empresas del sector tienen su sede en la UE, en comparación con 48 que se domicilian en Estados Unidos.
- Te recomendamos -
