Reclama un giro ante decisiones políticas “catastróficas”
BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, cree que no se prohibirá el motor de combustión en 2035 y, tras defender una transición energética “inteligente”, asegura que se han adoptado decisiones que son “catastróficas y se requiere un giro”.
En una entrevista al diario El Correo recogida por Europa Press Imaz también se refiere a la revisión fiscal pactada por el PNV y PSE-EE con Podemos y asegura que el mensaje de esta reforma hacia la gran empresa “es injusto”.
Imaz afirma que, si hubiese estado en vigor la prórroga de la tasa a las energéticas, habría ahora un marco confiscatorio que “penalizaría la inversión en España en el refino y en la química, para languidecer” y, por ello, según apunta, escribió en octubre el artículo “Industria y populismo”.
El primer ejecutivo de Repsol asegura que, cuando no está de acuerdo con algo, no es de “ir criticándolo por las trastiendas” y prefiere ser “leal y transparente”.
“Hay que reconocerle a Junts, al PNV, al PP y a Vox que vieron el peligro y hay que agradecerles su posición. Nos jugábamos la industria frente al populismo”, asegura en referencia a que no saliera adelante la prórroga de esa tasa.
Sobre cómo hubiese afectado al futuro de Petronor, de haber salido aprobada, manifiesta que Repsol tiene una estructura “muy integrada de sus complejos industriales” y hubiera sido “inviable invertir en Petronor y no en el resto”.
Imaz se refiere también al motor de combustión y sobre si cree que su final será en el 2035, asegura se necesita “un giro radical” porque hay decisiones que se han adoptado que “son catastróficas”.
“No, no va a suceder, no se va a prohibir, pero el daño que estamos haciendo a la industria de automoción es enorme y si se cambia el rumbo en 2030 el daño que habremos hecho también será enorme. Nuestra joya en ese sector hace quince años era el motor de combustión. ¿Dónde está ahora?, ¿qué hemos hecho en el camino? Se ha apostado con absoluta miopía por una tecnología unívoca, la movilidad eléctrica, que es parte de la solución pero no es la solución”, manifiesta.
En su opinión, la clase política está tomando decisiones sobre las tecnologías “sin ningún fundamento científico”. Imaz indica que hay que “hacer una transición energética”, y que eso es algo que “nadie duda” pero debe ser “inteligente”.
COMBUSTIBLE RENOVABLE
En este sentido, subraya que un motor de combustión con un combustible renovable “tiene menos emisiones en su ciclo de vida que un vehículo eléctrico”. A su juicio, habrá una “reacción social y laboral” que va a obligar a los gobiernos a adoptar decisiones en relación a esa transición energética.
Ante quienes acusan de ser “retardistas” a los que tienen su mismo planteamiento, asegura que alguien tiene que “explicarle a los trabajadores del sector del automóvil por qué está en juego su empleo”. “Necesitamos centrarnos más en los datos, en las matemáticas, medir las emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida de cada cosa”, remarca.
Por otra parte, sobre la ‘batalla judicial’ entre Iberdrola y Repsol, asegura que hay “una decisión judicial clara” a favor de su compañía y esta carpeta “está cerrada”. “El sector energético tiene magníficas compañías y nos necesitamos todos”, añade.
REFORMA FSICAL VASCA
Por otra parte, en relación a la revisión fiscal pactada por el PNV y el PSE-EE con Podemos, cree que el mensaje hacia la gran empresa “es injusto”.
Tras indicar que los territorios compiten para atraer inversión y talento, asegura que hay que “priorizar la competitividad” y eso “va más allá de una norma foral”.
A su juicio, no se puede decir que se penaliza a una empresa “por ser más grande” y cree que hay un “concepto nocivo, que es el del beneficio extraordinario”. “¿Qué queremos, empresas planas que no quieren ganar más que el año anterior porque penalizamos que no crezcan y creen empleo o no se internacionalicen? Creo que no era ese el camino…pues no mandemos esa señales”, añade.
Cuestionado por el modelo que debería seguirse para ser atractivos y competitivos, afirma que ello exige varias cosas como “valorizar el papel del empresariado” porque ETA ha hecho “mucho daño”. “Hay que poner todas las políticas públicas en la tarea de superar esto. Hay que apostar por el empresario, por la gente que asume riesgos e invirte y obtiene un beneficio legítimo”, añade.
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