MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Igualdad propuso este martes a las comunidades autónomas aumentar en un 35,8% respecto al año 2022 el reparto de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para luchar contra las violencias machistas.
En una reunión con las representantes de las comunidades y ciudades autónomas en el Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, comunicaron el reparto de los fondos que se transferirán a estos territorios y que este 2023 contará con 42 millones más para la prevención y lucha contra las violencias machistas.
“Este año el presupuesto contra el machismo alcanza una cifra histórica, por ello, seguimos trabajando con las comunidades autónomas desde el Grupo de Trabajo del Pacto de Estado para que los recursos lleguen a todos los territorios y a todas las mujeres”, señaló la secretaria de Estado.
El aumento en un 35,8% de este reparto de los fondos supone que desde 2020 hasta este 2023 el Ministerio de Igualdad haya transferido en esta legislatura casi 500 millones de euros a las comunidades para combatir las violencias machistas. En 2020 se destinaron 109,5 millones de euros; en 2021 el presupuesto aumentó a 113 millones; en 2022, a más de 117; y en 2023, a más de 160 millones.
La distribución de estos más de 160 millones destinados a las comunidades en 2023 se divide en cinco líneas de actuación: Pacto de Estado contra la Violencia de Género, asistencia social integral a víctimas y menores, planes personalizados, programas de lucha contra las agresiones sexuales y formación en centros de menores, siendo el fondo con mayor presupuesto el del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con 140,2 millones de euros.
El presupuesto restante se divide en 9,5 millones para programas de lucha contra las agresiones sexuales; 8,5 millones para asistencia social integral a víctimas y menores; un millón para planes personalizados; y 0,8 millones para formación en centros de menores.
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