Les consideran responsables de delitos de descubrimiento y revelación de secretos
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Las representaciones legales de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias han solicitado penas para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y para los dos periodistas encausados que llegan hasta los 4 años de cárcel en la denominada ‘pieza Dina’ del caso Tándem, en la que se ha indagado en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesor desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.
Así consta en sendos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que tanto Iglesias como Bousselham consideran al comisario responsable de un delito de revelación de secretos y un delito consumado de omisión del deber de perseguir delitos, mientras que a los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles les consideran responsables de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
En el escrito presentado por Iglesias, en muchos puntos idéntico al de Bousselham, se hace un repaso por items temporales de los diferentes movimientos de los encausados desde que se produce el robo del teléfono móvil de Bousselham el 1 de noviembre de 2015 hasta que la información y fotografías que contenía en la SD aparecen publicadas en diversos medios de comunicación ya en 2016.
Concluye que “ha quedado acreditado” que los dos periodistas “tuvieron en su posesión, en fecha no determinada, la información del teléfono móvil sustraído” que les llegó a su redacción de manera “presuntamente anónima”.
La representación legal del ex secretario general de Podemos sostiene que ha quedado indiciariamente probado que examinaron la tarjeta de memoria recibida, que visionaron fotos “entre las que las hay de contenido íntimo de la titular, así como de su pareja” y “contenido personal” de Iglesias con “datos especialmente protegidos del mismo como datos bancarios, conversaciones y fotografías”, y que pese a eso no alertaron “de lo que claramente es el contenido de una tarjeta de origen ilegal de alguien a quien no conocen, proveniente de un teléfono móvil”.
Además, rememora su encuentro de enero de 2016 con el presidente del Grupo Zeta, quien le entrega la tarjeta usb para señalar que comprobó “con un mínimo, parcial y rápido examen en un ordenador, allí mismo, que el contenido de la tarjeta SD se correspondía al parecer, con el de la tarjeta del móvil sustraído de Dina, amiga del mismo y además, asesora y asistente en el Parlamento Europeo”.
Relata el escrito que una vez en posesión de Iglesias, éste “posteriormente” le hizo entrega de la misma a su propietaria “indicándole el origen de ésta”. Cabe recordar que el juez instructor Manuel García Castellón elevó exposición razonada al Supremo con la intención de imputar a Iglesias por haberse quedado por un tiempo esa tarjeta cuando no era de su propiedad.
Siguiendo el relato de hechos, el escrito explica que es ya en julio de 2016 cuando un diario digital publica en exclusiva contenido de varios chats procedentes de conversaciones que se encontraban almacenados en el teléfono móvil de Bousselham en forma de “pantallazos”.
Apunta que en los meses siguientes otros medios publicaron sin autorización de la propietaria “conversaciones de índole privada y personal, fotografías y archivos de carácter profesional tales como documentos de análisis político o estrategia del partido, procediendo todos los documentos e imágenes publicadas, de su terminal móvil sustraído”.
Tras esto, la acusación se focaliza en el registro del domicilio del comisario Villarejo para destacar que Asuntos Internos “constata la existencia de coincidencias exactas entre lo publicado y lo que tenía el comisario”. Apunta que tenía reproducida por dos medios y a su entera disposición tanto en el disco duro de su ordenador, como en un pendrive azul y blanco, el contenido del teléfono móvil de Bousselham.
“La referida información privada, personal e íntima de Doña Dina, procedía claramente de un ilícito, el robo de su terminal móvil, pues no consistía en unos pocos pantallazos, sino en todo el contenido completo del teléfono de Doña Dina, con archivos y fotografías (más de 3.000) de más de 5 años atrás”, asevera.
Tras esto, explica que ambos periodistas encausados “han reconocido la entrega de una copia del contenido del teléfono móvil de Dina, en un pendrive, al señor Villarejo”, y subrayan que “no existe requerimiento oficial alguno (dirigido a ambos) ni policial, ni judicial, ni consta entrega alguna con diligencia de constancia, con identificación de expediente policial, investigación judicial y/o policial, ni que se produzca en dependencias oficiales”.
Añade tampoco consta que existiera ninguna investigación relativa Bousselham “que justificara” la recepción por parte de Villarejo de esos datos, y tampoco consta que el comisario entregara a su vez el pendrive con la copia de la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).
Además, afean a Villarejo que en su condición de policía, “si no lo hizo, pudo conocer la denuncia interpuesta de la sustracción del terminal móvil (…) o dar conocimiento a las autoridades policiales(…) del contenido de la tarjeta de evidente origen ilícito”.
“Y no contactó con ella como perjudicada de unos hechos ilícitos, no comunicó al juzgado de instrucción de Alcorcón el hallazgo del contenido del terminal y a la fecha, no se ha probado que el señor Villarejo entregara esos archivos en la DAO, ni que los obtuviera con el propósito de una investigación policial y o judicial en curso, pues constaría su entrega en cualesquiera diligencias o investigaciones abiertas al respecto”, subraya.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Iglesias, en su escrito, va más allá para advertir de que “se ha constatado a lo largo de todas las piezas, la existencia al menos de forma indiciaria de una organización criminal” dirigida por Villarejo y que recibía indiciariamente encargos de personas, entidades y partidos políticos gobernantes.
A su juicio, el objetivo era “realizar actos de espionaje y/o campañas de desprestigio de tipo partidista y/o contra personas, a través de la denominada Policía Patriótica, en la que también intervendrían otros comisarios de Policía, que han sido investigados”.
Destaca que en este caso el objetivo era “perjudicar” a Iglesias y a Podemos publicando conversaciones personales y documentación del partido, “sirviéndose para ello de los medios de comunicación, contando con una nutrida red de profesionales con los que se reunía de manera asidua”.
Por todo ello, además de la condena de prisión, Iglesias pide ser indemnizado con 1.000 euros por daños morales “por los perjuicios, molestias y sufrimientos causados”. Bousselham eleva esa cantidad a 6.000 euros.
EL FINAL DE LA INSTRUCCIÓN DE GARCÍA CASTELLÓN
En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press en mayo de 2023, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, dejaba a un paso del banquillo a los tres acusados por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. El juez ya dictó en octubre de 2020 otro auto por el que daba por finalizada la instrucción de esta pieza y proponía juzgar tanto a Villarejo como a los dos periodistas, además, el magistrado remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pedía investigar al exlíder de Podemos Pablo Iglesias.
Fue entonces cuando el alto tribunal acordó devolver la causa a la Audiencia Nacional instando al magistrado a agotar las diligencias. Entre las mismas, el Supremo consideraba imprescindible tomar declaración a Bousselham para determinar si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó Iglesias.
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