MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han reclamado este miércoles a las autoridades de Argelia que den marcha atrás en su decisión de disolver la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), la principal organización no gubernamental argelina, y ha apuntado que las acusaciones están “motivadas políticamente”, antes de reclamar que Argel permita que opere libremente
La LADDH confirmó el 23 de enero su disolución tras “confirmar “la autenticidad de un documento que circula en redes sociales por parte de terceras personas” sobre una decisión adoptada en junio de 2022 por un tribunal ordenando su disolución tras una petición en este sentido por parte del Ministerio del Interior. “El fallo que ordena la disolución de la LADDH tiene el 29 de septiembre como fecha”, dijo.
El fallo menciona la petición del ministerio, que reclamó la disolución de la organización arguyendo que la LADDH había cometido “múltiples ramas con su nombre y legitimidad legal”, lo que supondría una violación de las leyes. Así, hizo referencia a diferentes fracciones en el seno del organismo en el pasado, si bien las ONG sostienen que no pueden ser usadas para violar la libertad de asociación cerrando la LADDH.
Por otra parte, el Gobierno acusó al grupo de “mantener relaciones con organizaciones en Libia y Túnez”, de “enviar informes e información erróneos a entidades de Naciones Unidas” y mantener reuniones con distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos que Argel considera como “hostiles” y “bajo la influencia del lobby marroquí-sionista y miembros de la izquierda francesa en el Parlamento Europeo”.
El subdirector de HRW para Oriente Próximo y Norte de África, Eric Goldstein, ha lamentado que “las autoridades argelinas parezcan decididas a cerrar cualquier actividad independiente que revele violaciones de los Derechos Humanos”. “En este contexto, sólo era cuestión de tiempo que fueran a por la organización de Derechos Humanos más antigua y más asentada de todas”, ha subrayado.
En esta línea se ha expresado la subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Amna Guellali, quien ha advertido de que “Argelia se está hundiendo rápidamente cada vez más profundo en una crisis de Derechos Humanos en la que virtualmente no hay más espacio para el trabajo y las actividades a nivel de Derechos Humanos”. “El desmantelamiento del grupo de Derechos Humanos más antiguo del país quedará en la historia como un acto vergonzoso que debe ser revertido inmediatamente”, ha zanjado.
Las autoridades argelinas disolvieron en octubre de 2021 Reagrupación de Acción Juvenil (RAJ), una organización no gubernamental implicada en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en 2019 contra la intención del entonces presidente, Abdelaziz Buteflika, de presentarse a un quinto mandato. La organización presentó una apelación a los tribunales, que tendrán que pronunciarse el 23 de febrero.
Por otra parte, Caritas anunció su cierre en septiembre de 2022 después de que las autoridades criticaran su entrega de servicios médicos a migrantes, mientras que la asociación cultural SOS Bab el Ued de Argel suspendió sus operaciones tras una redada en abril de 2021. En mayo de 2022, el gobernador de Orán pidió a un tribunal disolver la asociación Santé Sidi Huari, dedicada a rehabilitar patrimonio cultural, si bien un tribunal rechazó la solicitud en diciembre.
La LADDH, el principal organismo de defensa de los Derechos Humanos en el país africano, fue fundado en 1985 y recibió autorización para operar en 1989. El organismo se ha mostrado crítico con la represión de las protestas y la ilegalización de diversas organizaciones durante los últimos años.
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