La ONG insta al Gobierno y al TPLF a cumplir los acuerdos para paliar una situación humanitaria es “desesperada”
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves los continuos combates y abusos cometidos en Tigray (norte de Etiopía) después de un año de la declaración de un alto el fuego entre el Gobierno y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en el marco del conflicto que asola la región desde noviembre de 2020.
“Aunque el Gobierno etíope y sus socios internacionales alardean de los enormes avances logrados en el último año, la población civil de las zonas de conflicto sigue siendo la más castigada por las atrocidades”, ha señalado la directora adjunta para África de HRW, Laetitia Bader.
“Los combates se han intensificado en otras regiones del país, mientras los violadores del pasado repiten patrones de abusos sin consecuencias”, ha agregado en un comunicado.
El acuerdo, firmado en noviembre de 2022 en Pretoria (Sudáfrica), incluía medidas para proteger a los civiles, reanudar servicios básicos, proporcionar asistencia humanitaria, permitir a los desplazados internos la vuelta a sus casas, perseguir crímenes de guerra y la creación de un mecanismo junto a la Unión Africana para supervisar el acuerdo y llegar a un desarme de armamento pesado y mediano.
Sin embargo, aún faltan detalles sobre los responsables de los crímenes cometidos, y el mecanismo de la Unión Africana no incluye supervisores de derechos y género ni informes públicos sobre las diferentes violaciones del documento.
Desde la firma del mismo, tanto el Gobierno como el TPLF han continuado violando Derechos Humanos en la región, según la ONG, que se queja de la obstrucción tanto de la entrega de ayuda humanitaria como la labor de los observadores de la Unión Africana.
“En la zona occidental de Tigray, que sigue siendo en gran medida inaccesible para las agencias humanitarias, las autoridades y las fuerzas regionales amhara y las milicias conocidas como Fano han continuado una campaña de limpieza étnica y han expulsado por la fuerza a los tigrayanos”, señala el comunicado de HRW.
El sufrimiento de la población local, que ha recibido “con cuentagotas” la ayuda humanitaria y los servicios básicos, se ha agravado tras la decisión del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de suspender la ayuda alimentaria a Tigray en marzo debido a los informes sobre el desvío de alimentos.
TRABAJADORES HUMANITARIOS “DESESPERADOS” POR LA SITUACIÓN
“Los socios humanitarios están desmoralizados; no tienen recursos suficientes. La alimentación sigue siendo un problema crítico. Los desplazados están en una situación desesperada, la gente se está muriendo. No saben qué vendrá después”, ha manifestado un trabajador humanitario a HRW.
Los combates entre el Ejército etíope y las milicias Fano se intensificaron en agosto en la región de Amhara, que han dejado ya cientos de víctimas civiles, campañas de detenciones masivas, daños a estructuras civiles y el bloqueo intermitente de las comunicaciones en la región, dificultado las tareas de “escrutinio independiente”.
Además, el 4 de agosto el Gobierno declaró en la región de Amhara el estado de excepción durante seis meses, lo que ha permitido detener a sospechosos y llevar a cabo registros sin necesidad de una orden judicial, imponer toques de queda o prohibir reuniones públicas.
“Están matando y deteniendo a gente. Las cosas están mucho peor. Ahora mismo no me siento segura. Nadie se siente seguro”, ha declarado una mujer de 24 años a la ONG.
FALTA DE RESPUESTA INTERNACIONAL
HRW ha señalado los últimos informes de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía (CIEDH), que investiga la situación por mandato de la ONU, y que ha señalado la “asombrosa magnitud de los abusos cometidos” durante los dos años de combates entre el Gobierno y el TPLF.
En ese sentido, la ONG se ha quejado de que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos no hayan renovado la comisión de expertos tras las presiones ejercidas por el Gobierno etíope contra el comité, y ha instado tanto a la ONU como a los “gobiernos interesados” en seguir instando a las autoridades del país a cumplir con el acuerdo firmado hace un año.
“Los gobiernos que apoyan la frágil tregua en Etiopía no pueden permitirse mirar hacia otro lado a medida que aumenta la crisis en Etiopía. Las numerosas víctimas de Etiopía merecen un futuro que no se vea empañado por abusos recurrentes e impunidad”, ha finalizado Bader.
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