MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Right Watch (HRW) ha acusado este lunes a la junta militar de Birmania de utilizar barcos de pasajeros financiados por Japón y donados para uso civil con fines militares, y ha reiterado al Ejecutivo nipón a dejar de vender este equipamiento.
En concreto, dos de los tres barcos entregados por Japón entre 2017 y 2019 se han utilizado para transportar a más de 100 soldados y material a la ciudad de Buthidaung en el río Mayu en el estado de Rakhine, donde los militares están luchando contra el grupo armado étnico Ejército de Arakan, según ha detallado la organización.
Por este motivo, la ONG ha insistido en su petición al Gobierno japonés en que suspenda la ayuda no humanitaria a Birmania y sancione a los funcionarios de la junta implicados en graves violaciones de Derechos Humanos.
“El uso indebido por parte de la junta de Birmania de la ayuda japonesa para el desarrollo con fines militares convierte a Japón en un patrocinador de las operaciones militares de la junta”, ha asegurado el miembro del programa para Asia de HRW, Teppei Kasai.
“El Gobierno japonés necesita reevaluar urgentemente su enfoque obviamente fallido para reducir los abusos de la junta”, ha añadido.
El 23 de septiembre, el jefe de Policía del estado de Rakhine y el ministro de Transporte, en nombre del primer ministro del estado de Rakhine, escribieron al ministro nacional de Transporte y Comunicaciones y confirmaron específicamente que los dos barcos habían sido utilizados con “fines militares”.
En la carta, las autoridades de Rakhine buscaron justificar este uso de barcos, alegando que “el Gobierno de la región o del Estado tendrá la responsabilidad de ayudar al Gobierno a preservar la estabilidad del país, la paz y la tranquilidad de la comunidad y el predominio de la ley y el orden”, según ha sabido la ONG.
Un alto el fuego informal entre el ejército de Birmania y el Ejército de Arakan, en vigor desde noviembre de 2020, se rompió en los últimos meses, ha detallado HRW.
En agosto, el Ejército reforzó sus tropas en el norte del estado de Rakhine, donde desde entonces los combates se han intensificado en intensidad y alcance, incluidos ataques aéreos, bombardeos de artillería pesada y uso de minas terrestres, con un número cada vez mayor de víctimas civiles.
El 15 de septiembre, la junta emitió una directiva que prohibía a las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales internacionales de seis municipios y cerraba las líneas de barcos y el transporte público.
Los combates han desplazado a más de 18.000 personas desde agosto, uniéndose a más de 70.000 desplazados internos, muchos de los cuales enfrentan escasez de alimentos y medicinas exacerbada por las restricciones de la junta, según HRW.
Ante esta situación, Japón se ha visto obligado a tomar las “medidas apropiadas” con respecto al tema en cuestión, según ha explicado un diplomático consultado por la organización que se abstuvo de revelar más detalles porque era un “asunto diplomático”.
Japón proporcionó los tres barcos a Birmania en el marco del Programa de Desarrollo Económico y Social de 500 millones de yenes (3,5 millones de euros), firmado el 12 de septiembre de 2016.
Tras el golpe militar del 1 de febrero de 2021 en el país asiático, el Gobierno japonés declaró que se abstendría de llevar a cabo nuevos programas no humanitarios en Birmania, pero no suspendió los proyectos en curso.
“El Gobierno japonés debería activar las condiciones basadas en los Derechos Humanos consagradas en su Carta de Cooperación para el Desarrollo, que establece que ‘Japón prestará la debida atención a la situación en los países receptores con respecto al proceso de democratización, el estado de derecho y la protección de los Derechos Humanos básicos'”, ha dicho HRW.
Con respecto a la ayuda humanitaria, la organización cree que Japón debe mantener este tipo de proyectos, pero redirigiendo los fondos a través de grupos no gubernamentales para garantizar que se use de manera efectiva y beneficie directamente a las poblaciones necesitadas.
“El enfoque poco entusiasta de las sanciones de Japón no ha disminuido en absoluto los abusos de la junta de Birmania”, ha dicho Kasai.
“Japón debería aprovechar al máximo su reputación como una democracia que respeta los derechos mediante el uso de todas las herramientas diplomáticas disponibles para hacer que el ejército de Myanmar rinda cuentas”, ha agregado.
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