MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno de Birmania la liberación inmediata del reverendo Hklam Samson, detenido presuntamente por cargos de “motivación política”.
HRW ha instado a la junta militar de Birmania a retirar los cargos contra el líder religioso del estado de Kachin, el cual está acusado por delitos de la ley antiterroista y cuya próxima vista será el 21 de febrero en un tribunal especial dentro de la prisión de Myitkyina.
“El caso de motivación política de la junta contra el reverendo Hkalam Samson, reconocido internacionalmente por su labor humanitaria y comunitaria, demuestra que nadie está a salvo en Birmania”, ha afirmado la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson.
Samson fue arrestado el pasado 5 de diciembre de 2022 en el aeropuerto internacional de Mandalay y, desde entonces, las autoridades no han revelado su paradero.
La junta militar de Birmania ha acusado al reverendo, en virtud de la ley de asociaciones ilícitas, por supuestamente mantener reuniones con líderes de grupos armados de la etnia kachin, además de por un delito de incitación tras celebrar una oración grupal con miembros de la oposición.
Según ha detallado HRW, Hklam Samson es el exresponsable de la Convención Bautista del estado de Kachin y el presidente de la Asamblea Consultiva Nacional del mismo estado, organismo que favoreció las negociaciones de paz con el anterior gobierno civil del partido Liga Nacional para la Democracia.
Samson ha denunciado abiertamente la persecución étnica y religiosa de Birmania, en especial a los grupos cristianos minoritarios del país.
“El enjuiciamiento de una figura religiosa kachin de alto perfil como el reverendo Samson es un intento de mano dura de enfriar toda la disidencia entre los líderes de las minorías étnicas”, ha valorado Pearson mientras ha instado también a liberar a otras personas detenidas de forma injusta desde el golpe de estado de febrero de 2021.
Un total aproximado de 3.000 civiles han muerto en Birmania por la represión de los militares desde el golpe de Estado propinado por el Ejército, según ha denunciado la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP), una de las organizaciones de activistas opositores más destacadas del país.
El régimen, cabe recordar, acordó a principios de febrero que el actual estado de emergencia siga en vigor al menos seis meses más, lo que abre la puerta a mantener una represión que se hizo especialmente patente en las semanas posteriores a la asonada contra el Gobierno de Aung San Suu Kyi.
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