MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este lunes a las autoridades tunecinas a reincorporar a los jueces que han sido despedidos de forma arbitraria en las últimas semanas.
“Las autoridades deben detener de inmediato sus ataques contra el poder judicial y atacar a los jueces a través del enjuiciamiento y la intimidación. Deben reincorporar a los jueces despedidos arbitrariamente y garantizar que disfruten plenamente de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión”, ha declarado la directora para Túnez de HRW, Salsabil Chellali.
En esta línea, Chellali ha señalado que “estos golpes a la independencia judicial reflejan la determinación del Gobierno (de Kais Saied) de subyugar a los fiscales y jueces al poder ejecutivo, a expensas del derecho de los tunecinos a un juicio justo ante jueces independientes e imparciales”.
“La lucha contra la corrupción no debe instrumentalizarse con fines políticos y debe llevarse a cabo respetando el estado de derecho”, ha agregado la directora de la ONG en el país.
La organización ha denunciado que el Ministerio de Justicia se haya negado a restituir a 49 magistrados, tanto jueces como fiscales, a pesar de una orden de un tribunal administrativo dictada en agosto de 2022. Asimismo, ha criticado que el mandatario tunecino haya tomado medidas, entre las que se incluye la disolución unilateral del Alto Consejo Judicial –órgano encargado de la independencia del poder judicial–, como parte de una supuesta guerra contra la corrupción.
Los magistrados entrevistados por HRW han indicado que no han sido informados de los motivos de su destitución, ni de las pruebas en su contra. Tampoco les han proporcionado medios para apelar las acusaciones, violando los procedimientos establecidos.
Asimismo, el abogado que coordina el Comité de Defensa de los Jueces Destituidos, Ayachi Hammami, o el abogado y exministro Lazhar Akremi, se enfrentan a cargos por sus comentarios críticos sobre el trato a los magistrados. Si son declarados culpables, podrían enfrentarse a diez y cuatro años de prisión, respectivamente, por “acusar, sin pruebas, a un agente público de violar la ley” y por “dañar a otros a través de las redes públicas de telecomunicaciones”.
HRW ha criticado la nueva Constitución de Túnez –aprobada con un 94,60 por ciento de apoyo en una votación marcada por la baja participación–, ya que “socava la independencia de los tribunales”, al otorgar al presidente la máxima autoridad para nombrar jueces y al privar a los jueces del derecho a la huelga.
Durante las últimas semanas han sido detenidas cerca de 20 figuras opositoras y periodistas, una campaña de represión criticada por la comunidad internacional y ante lo que se denuncia como una deriva autoritaria de Saied, quien en julio de 2021 se arrogó todas las competencias tras disolver el Gobierno y suspender el Parlamento, posteriormente disuelto.
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