MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Right Watch (HRW) ha instado este jueves a las autoridades de Sudán del Sur a que aborden la inseguridad, los abusos de derechos y el empeoramiento de la situación humanitaria durante el acuerdo de paz.
“Los últimos cuatro años y medio en Sudán del Sur se han caracterizado por la represión, la violencia contra los civiles y los ataques que han socavado los esfuerzos para completar la transición”, ha expresado Nyagoah Tut Pur, investigadora de Sudán del Sur de Human Rights Watch.
En esta línea, Pur ha pedido que la prórroga –que se produce en un contexto de inseguridad y fuerte represión– vaya “acompañada de un cambio drástico en la actitud de los líderes de Sudán del Sur y de medidas concretas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país”.
“La extensión del acuerdo de paz no debe usarse para extender el sufrimiento y traicionar las esperanzas del pueblo de Sudán del Sur”, ha exigido Pur. De esta forma, ha señalado a los socios regionales e internacionales para que estén listos para “tomar medidas audaces para garantizar que los líderes reparen sus fallas pasadas y allanen el camino hacia la justicia, la democracia y la paz sostenible”.
HRW ha especificado que las autoridades sursudanesas deben tomar medidas para garantizar justicia para delitos graves y poner fin a la represión mediante la creación de un espacio cívico. De las misma forma, Sudán del Sur tendría que reformar el Servicio de Seguridad Nacional por su actuación con impunidad sin supervisión y poner fin a las ejecuciones sumarias.
Las partes del acuerdo de paz firmado en septiembre de 2018 acordaron, el 4 de agosto de 2022, extender dicha tregua durante dos años más a partir de febrero de 2023, fecha en la que expiraría el acuerdo original. El presidente del país, Salva Kiir, afirmó que esta medida permitiría la unificación de las Fuerzas Armadas, la creación de una nueva constitución y la preparación de unas elecciones.
Los residentes del país se enfrentan a una crisis humanitaria, con el 60 por ciento de la población en situación de inseguridad alimentaria, todo ello auspiciado por los conflictos intercomunales, las condiciones climáticas –como las inundaciones– o el impacto de la pandemia de la COVID-19.
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