MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha reclamado a la Fiscalía de Brasil que ponga en marcha una investigación bajo todos los estándares internacionales sobre las más de 6.4000 muertes que se produjeron en 2022 durante operaciones policiales, un “problema crónico” de abuso e impunidad que no debe dejarse en manos de la Policía.
“Las mortíferas operaciones policiales de los últimos meses subrayan la urgente necesidad de mejorar las investigaciones sobre la conducta policial”, ha expuesto la directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu.
“Los fiscales deberían llevar a cabo una supervisión eficaz de la Policía, en lugar de confiar en que la Policía investigue por sí misma”, ha defendido Canineu en una carta que la ONG ha enviado al fiscal general de Brasil, Augusto Aras.
De acuerdo con los datos que maneja la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, la Policía mató en 2022 a más de 6.400 personas, mientras que entre finales de julio y agosto de 2023 al menos 62 personas han muerto durante operaciones policiales solo en los estados de Bahía, Río de Janeiro y Sao Paulo.
HRW ha reconocido que si bien algunas de estas muertes se producen en defensa propia, otras muchas son el resultado de un uso ilegal de la fuerza, que en gran medida queda impune, pues el hecho de la que la Policía Civil sea la encargada de investigar las mismas “plantea serias dudas sobre la imparcialidad”.
Asimismo, la ONG ha informado de que ha documentado “decenas de casos” en los que agentes de policía han intimidado a testigos, manipulado y destruido pruebas, incluso llevando cadáveres a hospitales afirmando falsamente que estas personas todavía estaban vivas o no realizando investigaciones adecuadas sobre estos homicidios.
La preocupación de estas ONG son compartidas también por otro organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2017 pidió a Brasil que delegara las investigaciones sobre abusos policiales a un organismo independiente, distinto de la fuerza policial involucrada, que sería la Fiscalía.
“Los fiscales tienen un papel clave que desempeñar para romper un ciclo de violencia e impunidad garantizando una supervisión de la Policía adecuada e investigaciones independientes de los abusos”, ha recalcado Canineu.
A la espera de que el nuevo fiscal general sea designado, Canineu ha señalado que para que esta situación pueda ser revertida, quien sea designado no sólo debe promover la adopción de un nuevo marco de actuación, sino también garantizar que los fiscales generales y estatales puedan implementarlo libremente.
El mandato del actual fiscal general finaliza el 26 de septiembre. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tendrá que elegir a uno nuevo, o bien renovar el mandato del actual, mientras que el Senado dar el visto bueno.
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