MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Right Watch (HRW) ha exigido este martes al presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, que ponga fin al uso de leyes antiterroristas para atacar a manifestantes pacíficos, a la vez que ha pedido que libere a las personas bajo arresto.
Esta petición ha tenido lugar después de que las autoridades del país hayan detenido a tres activistas estudiantiles que habrían participado en una manifestación el 18 de agosto de 2022 bajo “la abusiva” Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), que permite hasta un año de detención sin juicio.
“Desde que prestó juramento como presidente el 21 de julio tras la huida y renuncia del entonces presidente Gotabaya Rajapaksa, el presidente Wickremesinghe ha suprimido derechos como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, reza el escrito de la organización.
“Su administración impuso un estado de emergencia de un mes, utilizó las fuerzas de seguridad para dispersar violentamente a los manifestantes y arrestó a decenas de personas que participaban en protestas pacíficas. Los sucesivos gobiernos han incumplido sus promesas de suspender el uso de la Ley de Prevención del Terrorismo y reemplazarla con una legislación que respete los derechos”, ha agregado.
Dicha ley se adoptó por primera vez como medida temporal en 1979 y contiene numerosas disposiciones que contravienen las normas jurídicas internacionales que han permitido la detención arbitraria y la tortura, según la ONG, que ha detallado que se ha utilizado repetidamente para atacar a opositores al Gobierno y miembros de comunidades minoritarias.
“El uso que hace el presidente Wickremesinghe de la legislación antiterrorista para encerrar pacíficamente a personas que piden reformas envía un mensaje escalofriante a los habitantes de Sri Lanka de que los derechos no tendrán prioridad durante su administración”, ha dicho el director para el sur de Asia de HRW Meenakshi Ganguly.
“La represión de la disidencia en el país por parte del presidente va en contra de sus promesas a los aliados en el extranjero”, ha añadido.
Como primer ministro en 2015, Wickremesinghe se comprometió a derogar la ley cuando apoyó una resolución de consenso del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Reiteró el compromiso en 2017, cuando Sri Lanka fue readmitida en el esquema SPG+ de la Unión Europea, que otorga acceso libre de aranceles al mercado de la Unión para los productos de Sri Lanka a cambio del cumplimiento de las convenciones internacionales de derechos humanos.
En julio, el entonces ministro de Exteriores, Gamini Pieris, dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Sri Lanka estaba observando una “moratoria de facto sobre los arrestos realizados en virtud de la ley PTA”.
Con todo, políticos y organizaciones de la sociedad civil de Sri Lanka, incluido el Colegio de Abogados, han condenado las detenciones. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka dijo que “ningún sospechoso que ejerza sus derechos fundamentales en virtud de la Constitución debe ser tratado injustamente como terrorista”.
Algunos de los socios internacionales de Sri Lanka, cuyo apoyo busca el Gobierno para abordar la crisis económica del país, han instado a Wickremesinghe a poner fin a la represión de la disidencia y, especialmente, al uso renovado de la PTA, según HRW.
“El presidente Wickremesinghe parece tener la intención de ignorar los llamamientos de los habitantes de Sri Lanka a la reforma política y la rendición de cuentas, y los de sus aliados en el extranjero para mejorar el respeto de los derechos humanos”, ha resaltado Ganguly.
“Mientras las personas dentro del país sufren represión y dificultades económicas, los socios internacionales de Sri Lanka deben asegurarse de que Wickremesinghe no pueda ignorar su mensaje”, ha añadido.
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