MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Right Watch (HRW) ha denunciado este martes que el Gobierno de Sri Lanka estaría utilizando el estado de emergencia para hostigar y detener arbitrariamente a activistas que buscan rendición de cuentas por la crisis económica del país y que piden reformar políticas.
La organización ha asegurado que, desde que Ranil Wickremesinghe asumió su cargo como presidente el pasado 21 de julio, la Policía y el Ejército han tratado de reducir las protestas mediante la intimidación, la vigilancia y las detenciones arbitrarias de los manifestantes, actividad, periodistas y agentes de la sociedad civil.
“La represión del Gobierno de Sri Lanka contra la disidencia pacífica parece ser un intento erróneo e ilegal de desviar la atención de la necesidad de abordar la crisis económica urgente del país”, ha sostenido la directora para el sur de Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.
“Los socios internacionales de Sri Lanka deben tener claro que tienen que trabajar con una administración que respete los derechos para abordar los problemas económicos profundamente arraigados de Sri Lanka”, ha explicado Ganguly en un comunicado emitido por la ONG.
La organización pone como ejemplo la incursión que las fuerzas de seguridad de Sri Lanka llevaron a cabo el pasado 22 de julio en el principal campamento de protesta en Colombo, dejando a más de 50 personas herida, entre ellos cuatro periodistas y otros varios diplomáticos extranjeros.
Otro caso tuvo lugar el pasado 26 de julio, cuando las autoridades arrestaron a otro manifestante, Dhaniz Ali, de un vuelo internacional a punto de partir de Colombo. El 27 de julio, hombres no identificados vestidos de civil secuestraron a un exactivista que también habría participado en las protestas, Veranga Pushpika, según HRW.
Por otra parte, la organización ha denunciado que la Policía trató de impedir que los abogados defensores de los detenidos se reunieran con cuatro manifestantes que habían sido arrestados después de haber entregado a los agentes una gran suma de dinero sustraída de la residencia oficial del presidente, que fue ocupada por los manifestantes.
Todas estas detenciones arbitrarias han llevado a abogados y organizaciones de medios ha expresar a HRW su preocupación tras haber notado un aumento de la intimidación, incluidas amenazas de violencia y vigilancia.
Bajo el estado de emergencia declarado por Wickremesinghe el 18 de julio, el período en el que una persona puede estar detenida antes de ser llevada ante un magistrado se ha incrementado de 24 a 72 horas.
De este modo, se ha otorgado a las autoridades amplias facultades adicionales de búsqueda y arresto, y se ha autorizado a las Fuerzas Armadas a detener a personas hasta todo un día sin revelar su detención.
“El pueblo de Sri Lanka se tambalea bajo una crisis económica que ha sumido a millones en la inseguridad alimentaria, el cierre de escuelas y la escasez de medicamentos, combustible y otras necesidades”, ha dicho Ganguly, que ha llamado a respetar el Derecho Internacional.
“El Gobierno debe poner fin a sus políticas y prácticas represivas y actuar con urgencia para abordar las necesidades básicas de las personas, ganarse la confianza del público y defender el estado de derecho exigiendo cuentas a los responsables”, ha añadido.
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