MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Right Watch (HRW) ha acusado este jueves a las autoridades de Eritrea de castigar a los familiares de las personas acusadas de evadir el servicio militar obligatorio en un aparente esfuerzo por llenar “sus filas cada vez más reducidas”.
Según la organización, las autoridades de Eritrea han llevado a cabo oleadas de redadas para identificar a las personas que consideran evasores o desertores, todo ello en medio de la ofensiva conjunta que está llevando a cabo con Etiopía en la región de Tigray desde septiembre de 2022.
“En un esfuerzo por llenar sus filas cada vez más reducidas, el gobierno de Eritrea ha detenido y expulsado de sus hogares a personas mayores y mujeres con niños pequeños para encontrar a personas que considera evasores o desertores”, ha denunciado la subdirectora para África de la ONG, Laetitia Bader.
“Eritrea debe poner fin de inmediato a su castigo colectivo de los familiares de quienes se niegan a cumplir y, en cambio, centrarse en reformar su despiadado sistema de servicio militar indefinido”, ha añadido Bader.
La organización ha recordado que las fuerzas de seguridad de Eritrea han estado involucradas en operaciones de apoyo al gobierno etíope desde el estallido del conflicto en la región de Tigray en Etiopía en noviembre de 2020, los uq les habría llevado a realizar “algunos de los peores abusos del conflicto”.
Así, HRW ha resaltado que Eritrea tiene una política de servicio nacional indefinido, que incluye el reclutamiento militar obligatorio y que habría sido fundamental para una represión más amplia de su población por parte del gobierno.
Una vez reclutados en el Ejército, los hombres y mujeres jóvenes, algunos aún menores de edad , tienen muy pocas opciones de baja. Como resultado, corren el riesgo de sufrir graves represalias para escapar de lo que una Comisión de Investigación de Naciones Unidas ha caracterizado como “esclavitud”.
La última campaña de reclutamiento comenzó a mediados de 2022, con las autoridades apuntando a personas consideradas evasores del reclutamiento, incluidos estudiantes que abandonaron la escuela para evadir el entrenamiento militar, así como desertores del Ejército, algunos de los cuales ya habían servido durante años.
A mediados de septiembre, el Ejecutivo movilizó a los reservistas, principalmente hombres de 50 a 60 años, muchos de los cuales habían sido dados de baja oficialmente del servicio militar activo, pero que continúan empuñando armas realizan tareas de guardia.
En tanto, muchos presuntos evasores del reclutamiento, detenidos cerca de Asmara, la capital, han sido llevados a la prisión de Adi Abeito, dirigida por militares.
Las imágenes satelitales analizadas por Human Rights Watch muestran “grandes multitudes de personas” en el patio de la prisión y sus alrededores desde octubre de 2022 hasta finales de enero de 2023.
“Los funcionarios internacionales y regionales deben tomar medidas concretas contra el liderazgo de Eritrea por la represión en curso. Deben garantizar el escrutinio continuo por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los expertos de la ONU”, se lee en el comunicado de HRW.
Asimismo, la organización ha solicitado que se adopten y mantengan medidas específicas contra las personas y entidades responsables de “abusos graves” dentro de Eritrea, como parte de sanciones amplias y específicas para las Fuerzas Armadas de Eritrea.
“Los eritreos de todos los ámbitos de la vida están soportando la peor parte de las tácticas represivas del gobierno (…) Los socios regionales de Eritrea y los actores internacionales deben tomar medidas para poner fin a la represión desenfrenada”, ha pedido Bader.
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