MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
‘Hazte Oír’, una de las plataformas que ejerce la acusación popular en el ‘caso Begoña Gómez’, ha solicitado al instructor que investigue las subvenciones estatales por valor de 8 millones de euros que habría recibido un grupo empresarial –Adalid Inmark– en el que según su versión se ubicaba una empresa dirigida por la esposa del presidente del Gobierno.
Así consta en una ampliación de querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que esa plataforma detalla que el Grupo Inmark es una holding que incluía a Task Force SA, del que era directora Begoña Gómez. Explica que Inmark absorbió a Task Force, y luego fue comprada por Adalid Inmark, que cambió al tiempo su nombre por el de Adalid Servicios Corporativos SL.
El escrito pone el foco en que Adalid Inmark habría recibido 24 millones en subvenciones desde 2020, de los cuales 8 millones provendrían del Estado. “De los 8 millones concedidos desde el Estado, 6 fueron en 2023, una cifra anormal si consideramos convocatorias y años anteriores”, añade.
En una tabla que incluye el escrito, se recoge que también recibió subvenciones de hasta 9 comunidades autónomas entre 2020 y 2024: Comunidad de Madrid (5,4 millones), Castilla y León (2,6 millones), Castilla-La Mancha (72.000 euros), Canarias (2,3 millones), Comunidad Valenciana (1,9 millones), Extremadura (856.000 euros), Galicia (543.000 euros), Principado de Asturias (227.000 euros) y Región de Murcia (1,5 millones).
La dirección letrada de ‘Hazte Oír’ señala, por otro lado, que Adalid Inmark ha sido beneficiada el pasado 24 de mayo “con una subvención y entrega dineraria sin contraprestación de 500.000 euros por parte del Ministerio de Industria” en el marco de un programa denominado ‘Generación Digital: Agentes del Cambio’.
Recuerda que en esa misma fecha, otra de las empresas que cobran protagonismo en la investigación por haber sido adjudicataria de contratos públicos –The Valley Digital Business School–, recibió una subvención de 4 millones de euros en otro programa estatal denominado ‘Generación Digital Pymes: personas de equipos directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes’.
Esta acusación, en la propia ampliación de querella, aprovecha para solicitar una serie de testificales al juez, entre las que están la del ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo y la de la directora de Wakalua –filial de Globalia– Leticia Lauffer.
Cabe recordar que el sindicato Manos Limpias presentó tras la denuncia un informe en el que ponía el foco en dos ayudas concedidas a Globalia –propietaria de la aerolínea Air Europa– por 475 y 320 millones de euros que “aprobó el Consejo de Ministros sin pasar el control que pasaron la mayoría de empresas” para ser beneficiadas por un fondo de apoyo a la solvencia de compañías estratégicas a raíz de la pandemia del coronavirus.
Esta ampliación de querella se suma a la inicial que presentó esta misma plataforma, y a las presentadas por el partido político Vox y por la propia Manos Limpias, que fue la que presentó la denuncia inicial que dio lugar a la apertura de la causa en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
- Te recomendamos -
