MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Al menos 5.601 personas murieron el año pasado en Haití como consecuencia de incidentes violentos vinculados a las pandillas, un recuento elaborado por la ONU y que supera en más de un millar el total de fallecidos en 2023. Además, más de 2.200 personas resultaron heridas y casi 1.500 fueron secuestrados.
Uno de los ataques más mortíferos de los que se tiene constancia tuvo lugar a principios de diciembre y dejó al menos 207 muertos, después de que el líder de una banda más poderosas ordenase matar a un grupo de ancianos por las supuestas prácticas de vudú ejercidas sobre su hijo enfermo. Los asaltantes mutilaron y quemaron la mayoría de los cuerpos para eliminar pruebas.
La ONU tiene también constancia de 215 ejecuciones sumarias atribuidas a las fuerzas de seguridad y 315 casos de linchamiento, algunos de ellos facilitados por agentes de la Policía.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido de que “estos datos no sólo reflejan los absolutos horrores perpetrados (por las pandillas) en Haití sino que muestran la violencia incesante a la que está siendo sometida la población”.
Turk ha citado entre los principales catalizadores de esta tendencia al alza de los abusos la “impunidad” y la “corrupción”, sumados a una desigualdad económica y social que no cesa en un país que lucha a duras penas por paliar el vacío político derivado del asesinato en julio de 2021 del entonces presidente, Jovenel Moise.
“Restaurar el Estado de derecho debe ser una prioridad”, ha subrayado el Alto Comisionado, que con este fin ha reclamado apoyo logístico y financiero para la misión de seguridad internacional. Asimismo, ha abogado por aplicar el régimen de sanciones aprobado por Naciones Unidas y el embargo de armas, para evitar que éstas caigan en manos de la pandilla.
El Alto Comisionado ha aprovechado este informe para lamentar que algunos países sigan deportando a migrantes haitianos, pese a que “la inseguridad aguda y la crisis de Derechos Humanos resultante” no permiten a día de hoy “un retorno seguro, digno y sostenible” de quienes han abandonado Haití.
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