Se reconocerá de manera expresa a las criptomonedas entre los bienes susceptibles de sufrir embargos
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta un anteproyecto de Ley para proceder a la transposición de la Directiva europea, que supondrá cambios normativos sobre las obligaciones tributarias relacionadas con el mercado de las criptomonedas.
En concreto, permitirá la adaptación de las obligaciones informativas sobre criptomonedas situadas en el extranjero y sobre saldos en las mismas, en las que se sustituye el concepto de moneda virtual por el de criptoactivo.
Al margen de las modificaciones anteriores, que afectan al ámbito de la asistencia mutua, en el anteproyecto de ley también se efectúan diversas modificaciones en la Ley General Tributaria (LGT) en materia recaudatoria. La transposición implicará así la modificación de la LGT, junto a otras modificaciones legales necesarias.
La transposición de la directiva DAC8 permitirá constituir el marco regulatorio necesario para, una vez se comiencen las obligaciones de información, dar cumplimiento a las obligaciones de asistencia mutua con el resto de estados miembros de la Unión Europea.
“Esto supondrá un importante avance en el ámbito del intercambio internacional de información fiscal”, ha asegurado el Ministerio que dirige María Jesús Montero en un comunicado.
Esto se concreta con un refuerzo para los actuales mecanismos y ampliando la información intercambiada, revelado en los últimos años como un instrumento esencial por la transparencia fiscal y en la lucha contra el fraude.
Lo mismo ocurrirá en el ámbito del suministro de información a la Administración Tributaria, al mejorar tanto la asistencia al contribuyente como el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias y lucha contra el fraude.
MÁS CAMBIOS EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
Otra de las modificaciones recogidas en el anteproyecto de Ley es reconocer de manera expresa a las criptomonedas entre los bienes susceptibles de sufrir embargos, así como a los bienes y derechos situados en entidades de pago y de dinero electrónico.
“Una medida que es una respuesta a la rápida evolución de los servicios bancarios y de pago y de los medios de pago, entre las que están las tecnologías de registro de criptoactivos”, ha asegurado el Ministerio.
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