“Los nuestros iban en misión de ayuda humanitaria y recibieron una ignominia”, recuerda el último presidente de la asociación
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Este viernes se cumplen 20 años del accidente del Yak-42, la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. En el siniestro fallecieron 62 militares que regresaban a España después de cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán, junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso.
Dos décadas después del siniestro, los familiares recuerdan a los fallecidos con todas las vías judiciales ya cerradas y también las políticas, después de que el Ministerio de Defensa reconociera en 2017 (14 años después del siniestro) la responsabilidad de la Administración tras un informe del Consejo de Estado que determinaba que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas.
La tragedia tuvo lugar el 26 de mayo en 2003 en Trabzon (Turquía). Se trataba de un avión Yakolev 42, de fabricación rusa y de compañía y tripulación ucraniana, subcontratado por el Ministerio de Defensa –dirigido entonces por Federico Trillo– para el traslado de las tropas españolas.
El siniestro causó una gran conmoción en España, a lo que se sumó después el escándalo generado por las incorrectas identificaciones de los cadáveres. Esto derivó en la condena de tres militares por falsear la atribución de los restos mortales: el general Vicente Navarro (ya fallecido) y el comandante José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, indultados en el año 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Este proceso revivió en el año 2018 cuando Turquía informó al Ministerio de Defensa español del hallazgo de una extremidad de una posible víctima del Yak, que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka tan solo dos meses después del accidente al no haber sido identificada.
Esta extremidad, un fémur, no fue recuperable para su identificación; pero dio lugar a que Turquía informara de que había otros 23 tarros con muestras biológicas que permanecían desde el siniestro aéreo almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul.
Las muestras fueron enviadas a España y la Audiencia Nacional las puso a disposición de las familias de las víctimas para que, si así lo deseaban, las recogiesen y se hicieran cargo de ellas, ya que ya habían sido identificadas correctamente en Turquía. Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que todas las familias decidieron hacerse cargo de estas muestras en un proceso que quedó ya cerrado.
Con él finalizó también todo el recorrido judicial del accidente, que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a instancias de las familias. Sin embargo, la justicia europea avaló el criterio del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional negando la posibilidad legal de reactivar la causa.
Durante todo este proceso los familiares de los fallecidos en el Yak-42 se unieron en torno a una asociación que se disolvió en el año 2017 tras el informe del Consejo de Estado apuntando la responsabilidad de la Administración. También la ministra de Defensa entonces, María Dolores de Cospedal, reconoció ante el Congreso la “responsabilidad patrimonial” de la Administración y dijo que hacerlo era “una obligación moral”.
“NOS HAN ROBADO LA JUSTICIA”
“No les quedaba otra”, recuerda hoy el último presidente de la asociación, Miguel Ángel Sencianes, hermano del fallecido sargento primero del Ejército del Aire José Manuel Sencianes. Las familias dieron entonces por concluida su lucha, 14 años después del siniestro, aunque con la sensación de que les habían “robado la justicia”.
Sencianes evoca en conversación con Europa Press el largo y “doloroso” periplo que tuvieron que recorrer las familias para honrar a los fallecidos, con trabas, según denuncia, entre el poder político, en la justicia y también en altos estamentos de las Fuerzas Armadas. “Se hicieron honores y desfiles en su honor, pero por otra parte se iba tapando”, lamenta.
Según recuerda, “todo empezó” con las palabras del entonces ministro Federico Trillo diciendo “que el Yalolev era un buen avión y que las identificaciones se habían realizado correctamente”. “Las dos cosas eran mentira”, asegura explicando que los militares ya habían avisado de las malas condiciones de estos vuelos y, además, un imán turco había levantado las primeras sospechas sobre la atribución de los restos mortales.
Comenzó entonces un largo recorrido judicial en el también señala al hoy ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, entonces juez en la Audiencia Nacional encargado del caso que declaró su sobreseimiento. “La verdad está ahí y la justicia nos la robaron”, denuncia Sencianes.
Veinte años después del siniestro, lamenta haber tenido que afrontar todo este proceso y resume así sus sentimientos: “Satisfacción por haber dedicado quince años a los nuestros; sufrimiento por muchas madres y padres que ya no están y que tuvieron que pasar por este calvario”.
Según recuerda, sus familiares, regresaban de una misión de paz y no fueron correspondidos por el Estado. “Los nuestros iban en misión de ayuda humanitaria con un pueblo y recibieron una ignominia”, reprueba emocionado con el recuerdo de su hermano.
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