MADRID, 2 (Portaltic/EP)
Francia ha aprobado una ley que define y regula la actividad de los ‘influencers’ en la que se prohíbe a estos creadores de contenido la promoción de dietas peligrosas, consejos sobre cirugía estética y criptomonedas.
El objetivo de esta norma es regular el uso que estos usuarios le dan a plataformas como Instagram y TikTok, a fin de luchar y acabar con malas prácticas que puedan llevar a cabo aprovechando su influencia sobre otras personas.
Con esta ley, además, se han podido identificar varias medidas necesarias tanto para apoyar a los ‘influencers’ como para proteger a los consumidores, tal y como reconoció en marzo el Ministerio de Economía y Finanzas francés a través de Twitter.
Los diputados Arthur Delaporte y Stéphane Vojetta presentaron este proyecto de ley el 31 de enero de 2023 y la Asamblea Nacional lo aprobó por unanimidad el 30 de marzo en primera lectura, mientras que el Senado, que introdujo una serie de modificaciones, lo hizo el 9 de mayo, tal y como recuerda Vie Publique.
Finalmente, la Asamblea Nacional lo ha aprobado por unanimidad el 31 de mayo de 2023 y ha sido este jueves, 1 de junio, cuando el Senado lo ha aprobado definitivamente y también de forma unánime. El siguiente paso en este proceso es su promulgación en el boletín oficial del Estado francés.
Este texto reconoce legalmente la actividad de los ‘influencers’ comerciales en medios electrónicos, y los define como personas físicas o jurídicas que, “a cambio de una retribución, comunican al público por medios electrónicos contenidos destinados a promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios o que con cualquier causa ejerzan la actividad de influencia comercial por medios electrónicos”.
Esta ley puntualiza que, cuando esta actividad sea realizada por una persona menor de 16 años, debe ser su empleador quien asuma las responsabilidades del contenido que publican estos creadores en las plataformas en línea.
El texto legal incluye un apartado dedicado a las prohibiciones de promoción, y que especifica que los ‘influencers’ no pueden ejercer “la actividad de influencia comercial por medios electrónicos”, de manera “directa o indirecta”, cuando pongan en peligro la protección de la salud pública mediante la promulgación de información sobre técnicas, métodos y tratamientos estéticos, farmacológicos y quirúrgicos.
Por otra parte, con esta nueva ley los ‘influencers’ no podrán promocionar productos que puedan ser consumidos o contener, aunque sea parcialmente, nicotina ni tampoco tendrán el derecho de emitir prescripciones terapéuticas.
TRANSPARENCIA EN LAS PUBLICACIONES
Esta regulación también matiza que está prohibido que las personas que ejerzan la actividad de influencia comercial por medios electrónicos puedan promocionar directa o indirectamente productos y servicios financieros, incluido el relacionado con los activos digitales.
De ahí que también sea ilegal invitar a otros usuarios a establecer una relación con ellos mediante un formulario de contacto o solicitarles información adicional para realizar operaciones relacionadas con las criptomonedas.
Con la entrada en vigor de esta ley, los ‘influencers’ tampoco podrán compartir contenidos que incluyan interacciones con animales, además de que se tendrá especial cuidado con la promoción de juegos de azar, a fin de que los anuncios de estos no lleguen a usuarios menores de edad.
Este texto también recoge las obligaciones relativas a la promoción de determinados bienes y servicios e insiste en que esta debe estar claramente indicada con la palabra ‘Publicidad’, para que los usuarios sepan de qué contenido se trata.
Los ‘influencers’ también deberán añadir información acerca del tipo de imágenes que comparten, de modo que estarán obligados a señalar que una imagen está retocada si se ha modificado su silueta o su rostro en sus contenidos.
En caso de utilizar contenido audiovisual generado por inteligencia artificial (IA), estos creadores de contenido también deberán añadir el indicativo ‘Imágenes virtuales’.
SANCIONES
Esta ley determina, finalmente, que en caso de cometer una infracción con lo dispuesto en ella, estos usuarios podrán recibir multas de hasta 300.000 euros y dos años de prisión en caso de llevar a cabo prácticas comerciales engañosas.
También a partir de ahora los ‘influencers’ serán sancionados si promocionan en sus perfiles falsos servicios sanitarios, bebidas alcohólicas, servicios financieros, apuestas deportivas y juegos de azar, con multas de hasta 100.000 euros.
En este caso, también se les puede prohibir el ejercicio de su actividad, bien de manera temporal o bien de forma permanente, además de que es posible que se les deniegue el acceso a estas plataformas ‘online’.
Por otra parte, si estos creadores de contenido no introducen una etiqueta que refleje que se ha utilizado un filtro o se han retocado sus fotos y sus vídeos, recibirían una multa de hasta 37.500 euros.
Este Ministerio ha comentado, finalmente, que se ha redactado una guía de buenas prácticas para los ‘influencers’, que integra sus derechos y obligaciones fiscales, sociales y normativas.
LEY DE SERVICIOS DIGITALES
Al margen de la puesta en marcha de esta ley, conviene recordar que existe la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), un proyecto digital de la Unión Europea en el que participa Francia.
Se trata de un conjunto de normas de obligado cumplimiento que tiene por objetivo establecer normas para responsabilizar a las plataformas digitales de la difusión de contenidos dañinos o ilegales.
También subraya que estas deben luchar contra este tipo de contenidos que incluyan ataques racistas, imágenes de pornografía infantil, venta de sustancias ilegales o distribución de información falsa, a fin de proteger a los consumidores.
Si bien las obligaciones de estas empresas digitales entrarán en vigor el 17 de febrero de 2024, las plataformas y los motores de búsqueda de proveedores -como Instagram, Twitter o Google- se verán afectados a partir del próximo 25 de agosto de este año.
La DSA afectará no solo a las redes sociales y plataformas utilizadas por más de 45 millones de europeos al mes, sino también a proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) y de computación en la nube.
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