MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, afirmó este viernes, tras publicarse el dictamen del organismo sobre el impuesto español a la banca, que la política fiscal “no es de nuestra incumbencia pero tiene implicaciones” y el papel del BCE es “recalcar las posibles consecuencias” del tributo.
En un encuentro organizado por la Fundación Naturgy y el IESE, Guindos fue preguntado por el dictamen publicado ayer, jueves, por el BCE y en el que el organismo cuestiona varios aspectos del diseño del impuesto y pide “un análisis exhaustivo” de las mismas para la banca con el fin de “garantizar” que no plantee “riesgos para la estabilidad financiera”.
Guindos subrayó que “a veces hay que tener en cuenta otras realidades” y que el BCE tiene que avisar de las “posibles consecuencias” del impuesto para la solvencia del sistema bancario y el crecimiento del crédito.
No obstante, hizo hincapié en que el BCE da “pautas” e intenta “ayudar a los Gobiernos, pueden ceñirse a él -el dictamen- o no porque no es vinculante”. “En última instancia es una decisión que se ha de tomar de manera democrática y reca sobre el parlamento español”, destacó.
Explicó que el informe se ha elaborado por un grupo de trabajo integrado por economistas y personas del departamento de política monetaria y del supervisor, con “ayuda” del Banco de España.
En el dictamen, el organismo cree que el gravamen debe considerarse “cuidadosamente en lo que se refiere a su impacto en la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”.
Asimismo, señala que el hecho de que una entidad de crédito deba pagar el impuesto aun registrando pérdidas netas “distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario”. Añade que, incluso, “podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”.
El BCE sostiene que la base sobre la que se establecería el gravamen temporal “no tiene en cuenta todo el ciclo económico” ni los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito.
También considera que “una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades”.
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