Ecologistas especifica que las ayudas al transporte tendrían que tener en cuenta la vulnerabilidad de los usuarios
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Greenpeace y Ecologistas en Acción han criticado a los partidos que votaron en contra del decreto ómnibus –que contenía, entre otras cosas, los descuentos al transporte público– y han reclamado medidas alternativas e incorporar un bono de transporte único.
En concreto, Greenpeace ha instado al Gobierno a aprobar por vía de urgencia un nuevo paquete específico para seguir con las ayudas al transporte público durante los próximos seis meses y avanzar hacia soluciones estructurales y permanentes como un abono único.
A su parecer, esta situación de “incertidumbre” ha puesto de manifiesto “claramente” la necesidad de contar con fórmulas que garanticen una política tarifaria estructural y permanente que permitan que el transporte público sea asequible, accesible y útil para la ciudadanía. La ONG aboga por un abono único de transportes, sobre el que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que trabajaría de cara a su implantación en 2026.
Para Greenpeace, un tipo de abono flexible, junto con más trenes y autobuses, más frecuencias y mejores horarios acorde con las necesidades de la gente, impulsaría un cambio modal real y masivo del transporte privado al público que redundaría también en la mejora de la calidad del aire y la habitabilidad de las ciudades.
A su vez, la ONG ha hecho hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se una a las movilizaciones convocadas el 2 de febrero por UGT y Comisiones Obreras (CCOO) para protestar por la derogación del decreto ómnibus. A través de un comunicado, la organización ecologista ha reiterado su condena a los partidos que rechazaron esta semana el decreto ómnibus en el que iban enmarcados, entre otras cosas, los descuentos al transporte.
La responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona, ha tildado de “muy preocupante” la “desconexión” que tienen algunos partidos políticos del arco parlamentario con la gente y sus necesidades reales del día a día. Además, ha incidido en que en el transporte público debe ser “una alternativa real” en el contexto de emergencia climática actual y que tiene que existir “un precio garantizado permanente que genere seguridad a las personas, así como capacidad de planificación en la economía familiar”.
ECOLOGISTAS: LAS AYUDAS AL TRANSPORTE DEBERÍAN SER SOCIALMENTE JUSTAS
Por su lado, Ecologistas en Acción ha denunciado “la falta de sensibilidad social y ambiental de los grupos políticos de derecha y extrema derecha” que votaron en contra del decreto ómnibus, pero también “la falta de previsión y de medidas permanentes impulsadas por el Gobierno central en relación a estos temas”. A través de un comunicado, ha instado a “aprender de lo ocurrido” y estudiar el impacto que han tenido los más de dos años de importantes rebajas en el transporte público.
En esta línea, la ONG ha pedido medidas alternativas para el fomento del transporte público. Por ello, ha reiterado la importancia de que este sistema de ayudas tenga en cuenta la justicia social, es decir, que garantice de manera permanente que las personas con menos recursos puedan ejercer su derecho a la movilidad, teniendo en cuenta la renta, de la edad, de sus características físicas, pero también otros factores como la calidad, cantidad y accesibilidad al transporte público.
En el mismo sentido que Greenpeace, Ecologistas en Acción ha insistido en que un título único de transporte sería una de las mejoras que se deberían incorporar de forma urgente para mejorar el uso del transporte público y colectivo. En su opinión, este billete debería tener un coste diferencial según los estándares de vulnerabilidad social y en relación al transporte ya mencionados, a través de abonos sociales o mecanismos similares.
A su vez, ha instado a eliminar la precariedad en el transporte, que al margen de la falta de recursos económicos incluye cosas como la carencia de opciones de transporte, la falta de accesibilidad, lñas inadecuadas condiciones del viaje o la pobreza de tiempo, se resulta que es necesario emplear demasiado en los desplazamientos.
Por último, ha animado a combinar estas medidas con una política de restricción al uso del automóvil y de limitaciones al avión. Por ejemplo, en lo que respecta al coche, ha sugerido la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) exigentes, la limitación a los aparcamientos sólo a residentes o la creación de Consorcios o Autoridades de Transporte en aquellas zonas metropolitanas que carecen de este instrumento de gestión.
En el ámbito aéreo, ha apuntado a la prohibición de los vuelos con alternativa terrestre de menos de cuatro horas, el cobro del IVA en los billetes de avión, la implantación de impuestos al queroseno o la creación de una Tasa a los Vuelos Frecuentes, entre otras medidas.
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