MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Una veintena de aeropuertos españoles se beneficiaron de más de 60 millones de euros en “subvenciones encubiertas” concedidas por Administraciones públicas entre 2015 y 2022 para que diversas aerolíneas mantengan “vuelos deficitarios”.
Esa es la principal conclusión del informe ‘Chanchullos en el aire: Análisis de las subvenciones de ayuntamientos y comunidades al sector aéreo’, elaborado por Greenpeace y dado a conocer este martes.
Greenpeace detecta diferentes fórmulas utilizadas por las aerolíneas para recibir dinero público. La más habitual consiste en camuflar estas ayudas bajo “acciones de promoción turística” a través de fundaciones y consorcios dirigidos por ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y cámaras de comercio local.
Estos contratos incluyen cláusulas mediante las cuales las aerolíneas beneficiadas se comprometen a mantener un mínimo de conexiones aéreas.
“La reiteración de estas ayudas demuestra que, lejos de ser una promoción puntual, las aerolíneas utilizan estos contratos para mantener artificialmente operativas ciertas conexiones”, según Greenpeace.
La Comisión Europea ha dictaminado la ilegalidad de las ayudas públicas indirectas a las compañías aéreas camufladas bajo contratos de promoción turística, pues distorsiona el principio de libre competencia frente a otros modos de transporte.
“En plena emergencia climática hay comunidades y ayuntamientos que financian una actividad nociva para el medioambiente como es la aviación. Unas ayudas que, bajo la apariencia de contratos de promoción turística, tienen como finalidad real que las aerolíneas mantengan de forma artificial sus vuelos. Por ello, demandamos a los diferentes gobiernos que detengan este tipo de ayudas y dedique estos recursos a promover un modelo turístico compatible con la protección del clima y el entorno”, apuntó Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.
Como casos más flagrantes, destacan los 22 millones concedidos por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias; los 10,4 millones de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas); los 10 millones del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, o los 8 millones de la sociedad VIA-Promoción del Aeropuerto de Vitoria. Entre las aerolíneas beneficiadas por estos contratos están Ryanair, Easyjet, Binter, Iberia, Air Nostrum o Volotea.
En su informe, Greenpeace cuestiona la justificación del turismo para otorgar dichas ayudas, puesto que, lejos de atraer visitantes extranjeros, los principales destinos de las líneas bonificadas son sobre todo destinos vacacionales de la población local, como Canarias.
De esta forma, se produce una transferencia de rentas públicas regresiva que favorece a las clases medias y altas, pues son las que se pueden permitir unas vacaciones en avión, según Greenpeace.
TRANSPORTE CONTAMINANTE
Por otro lado, Greenpeace llamó la atención sobre el impacto del sector aéreo en las emisiones de CO2 y denuncia que, en plena emergencia climática, las administraciones promuevan los viajes en avión a pesar de ser el transporte más contaminante por persona transportada. Como ejemplo, alguien que viaje en avión de Sevilla a Madrid contribuye a la emisión de 117 kilos de CO2; mientras que el mismo viaje en un AVE, que es 100% eléctrico, supone 9 kilos de CO2.
Greenpeace exigió a la UE y a sus Estados miembro una prohibición de los vuelos cortos cuando se pueda ir en tren. Una medida aplicada parcialmente en Francia y que no solo reduciría las emisiones procedentes de la aviación, sino también evitaría la importación de queroseno desde Rusia en un momento de crisis energética.
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