MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
Greenpeace acogió este viernes “con mucha satisfacción” el proyecto de real decreto por el que se establecen normas de desarrollo de los artículos 40 y 41 de la ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, para el Fomento de una Alimentación Saludable y Sostenible en centros educativos, impulsado por el Ministerio de Consumo.
No obstante, pidió “más ambición” ante la actual “crisis ambiental”. La organización propone que el texto, que se encuentra en trámite de audiencia e información pública desde el 15 de septiembre, contemple una única ración de carne a la semana y que en 2025 un 50% de los alimentos que se ofrecen en dichos menús sean de producción ecológica.
Así lo reclamó en un comunicado en el que subrayó que, con respecto a la carne, el texto establece que se podrán ofrecer en los menús escolares un máximo de tres raciones semanales de carne, pudiendo ser una de ellas de carne roja o procesada y, pese a valorarlo como “un paso importante”, consideró que “sigue siendo demasiado”.
En concreto, la organización ecologista demandó mantener los primeros platos “como están” y que en los segundos se establezca de manera semanal una ración de carne, otra de pescado, otra de huevo y dos de proteínas de origen vegetal (legumbres) y estimó que la carne roja “solo se podrá ofrecer una vez al mes y debe prohibirse la oferta de carne procesada”.
“La inmensa mayoría de los niños que comen en los comedores escolares vuelven a comer carne en sus casas alguna vez para cenar y también en los fines de semana, por lo que estarían consumiendo carne por encima de sus necesidades nutricionales y por encima de las posibilidades del planeta”, apostilló la entidad, que explicó cómo, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada persona en España consume unos 860 gramos de carne a la semana, “muy por encima” de lo recomendado “para una alimentación sana y sostenible”, que son unos 300 gramos a la semana.
En cuanto al objetivo de que al menos un 5% del total de alimentos ofertados sean de producción ecológica, Greenpeace estimó que resulta “un mínimo demasiado bajo” y exigió “garantizar” que, para 2025, al menos la mitad de los alimentos ofrecidos sean ecológicos y que dicho porcentaje alcance un 90% para 2030.
A este respecto, el responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace España, Luís Ferreirim, puntualizó que la compra pública de alimentos y, “en particular”, los menús escolares, es “una excelente herramienta para hacer despegar la agricultura ecológica en España” además de “permitir que se cumpla la exigencia de alcanzar el objetivo de que un 25% de la superficie agrícola sea de producción ecológica para 2030, como marcan las estrategias europeas de Biodiversidad y ‘De la Granja a la Mesa’”.
“Una mayor demanda alentará al sector agrícola a hacer una transición más rápida hacia un modelo de agricultura mucho más respetuoso con el medio ambiente”, resolvió, convencido de que la propuesta de Consumo “es más que necesaria”, por lo que le dio su “bienvenida”, dado que incluye aspectos que la organización viene “demandando desde hace varios años”. “Sin embargo, es también una excelente oportunidad, que no podemos perder, para adecuar nuestra alimentación a lo que exige la ciencia para respetar los límites planetarios”, sentenció.
Una vez se apruebe el real decreto, los menús de los centros educativos públicos, concertados y privados de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial deberán utilizar productos frescos y de temporada, fomentar la dieta mediterránea y reducir la sal, además de disponer de menús especiales para los alumnos con necesidades específicas.
Su objetivo es garantizar el acceso a una alimentación y nutrición “de calidad, saludable y sostenible”, además de “elevar el nivel de protección de la salud de los escolares” e introducir criterios nutricionales y de sostenibilidad para la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en los centros educativos.
Su aprobación está prevista para el segundo semestre de 2023 y en el proceso de elaboración de este real decreto Consumo ha consultado a las comunidades autónomas y a las entidades “representativas” de los sectores afectados, según el gabinete de Garzón.
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