MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Ejecutivo y el Gobierno vasco aprobaron este jueves la nueva metodología para la ley quinquenal del cupo hasta 2026 en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y fijaron la aportación anual base en 1.472 millones de euros.
Este fue el principal pacto de la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE), que estuvo presidida por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, y alcanzó un total de 15 acuerdos de contenido fiscal y financiero.
La metodología aprobada mantiene un importe “muy similar” al actual y establece un índice de imputación en el 6,24%. No integra como carga asumida la valoración de las políticas activas de empleo, “que se instrumenta anualmente como compensación del cupo líquido a pagar al Estado”.
FISCALIDAD
Más allá de la metodología del cupo para 2022-2026 –un requisito del PNV para apoyar los presupuestos–, el Gobierno y el Ejecutivo autonómico acordaron también la concertación del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables. Así las cosas, las haciendas forales recaudarán este gravamen cuando los establecimientos donde se fabrican los envases radiquen en territorio vasco.
En cambio, en el caso de las adquisiciones intracomunitarias y la introducción irregular de los productos objeto del impuesto, “el punto de conexión” para la recaudación será el domicilio fiscal del contribuyente.
El acuerdo firmado por Montero y Azpiazu recoge también la concertación del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración. En concreto, la comisión ha acordado que como “punto de conexión para la exacción” el territorio donde se ubique el vertedero o la instalación de incineración o coincineración en la que se entreguen los residuos objeto del impuesto.
De forma simultánea, ambas partes pactaron que las diputaciones forales podrán establecer tipos impositivos superiores a los establecidos en el impuesto.
CONGRESO
Por último, en cuanto al Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, Gobierno y País Vasco acordaron establecer el lugar donde radique el establecimiento en los que se desarrolle la actividad como “punto de conexión” en los supuestos de fabricación, ventas, entregas o consumo de gases realizados por contribuyentes autorizados como almacenistas.
El siguiente paso para materializar todos estos pactos es la tramitación de todos estos en las Cortes Generales en forma de leyes de artículo único.
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