MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Un total de 196 defensores de la tierra y del medioambiente fueron asesinados en 2023, según el informe con casos documentados de Global Witness. América Latina registra sistemáticamente el mayor número de homicidios, tendencia de la que la ONG lleva años advirtiendo. En 2023, el 85% de los crímenes se produjeron en esta región. De hecho, más del 70% se concentraron en cuatro países: México, Honduras, Brasil y Colombia.
Con esta investigación, Global Witness insta a los Gobiernos y a los Estados que creen un entorno seguro para los defensoras de la tierra y el medioambiente; que detecten documenten y analicen los ataques contra estas personas; y que faciliten el acceso a la justicia. A las empresas, la ONG les ha solicitado que detecten, prevengan, documenten, mitiguen y reparen los daños y perjuicios causados por sus operaciones a las personas defensoras; y que garanticen el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad corporativa a todos los niveles.
Por si sola, Colombia concentra el 40,3% de los homicidios de este último año, lo que constituye el total anual más alto para cualquier país documentado por la organización desde que comenzaron a registrar este tipo de casos en 2012. Actualmente, este país es el que tiene mayor cantidad de homicios documentados entre 2012 y 2023: en cuestión de una década se han asesinado allí a un total de 461 activistas. Les siguen Brasil, que acumula 401 crímenes entre 2012 y 2023 (25 en 2023) y 292 en Filipinas (17 en 2023).
Según Global Witness, se sospecha que grupos delictivos organizados han cometido la mitad de los asesinatos de personas defensoras que ocurrieron en Colombia en 2023. En este sentido, la organización ha apuntado a que lainmensa mayoría de los ataques se han producido en las regiones suroccidentales de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7), regiones debastadas por la combinación del cultivo de la coca, el narcotráfico y el conflicto armado. “En muchas ocasiones, las comunidades y quienes defienden la tierra y el medioambiente han quedado atrapados en el fuego cruzado”, han lamentado.
En el informe, Global Witness ha comparado las tendencias “similares” entre Colombia, México y Honduras. De esta manera, ha detallado que, con 18 asesinatos, Honduras el país con más homicidios per cápita en 2023. En lo que respecta a México, que también registró otros 18 asesinatos, la ONG ha relacionado más del 40% de estos crímenes con las operaciones mineras a las que se oponían los activistas. A su vez, ha añadido que en México también se ha producido un número considerable de desapariciones forzadas, “una forma de violencia especialmente cruel que es típica, aunque no exclusiva, de este país”.
Desde que la ONG comenzó a informar de los asesinatos en 2012, el total asciente a más de 2.000. En especial, la organización estima que se han producido 2.106 crímenes de este estilo entre 2012 y 2023. De ellos, el 36% (es decir, 766) han tenido como víctimas a indígenas.
QUE LA UE UTILICE SU DIPLOMACIA PARA PROTEGER A ACTIVISTAS
Entre otras recomendaciones a nivel regional, Global Witness ha pedido a la Unión Europea (UE) que colabore con gobiernos de todo el mundo, que utilice sus mecanismos de diplomacia a fin de proteger a los activistas y que recopile y publique datos sobre los asesinatos y las represalias que se produzcan. A su vez, ha solicitado a los países miembros que transpongan la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que obliga a los negocios que operan en la UE a poner en marcha medidas al respecto a lo largo de su cadena de suministros.
En este sentido, también les ha pedido que apliquen el Reglamento relativo a los productos libres de deforestación, que obliga a operadores y comerciantes a cumplir la legislación del país donde operan en materia, entre otros, de derechos humanos. Además, en lo que concierne a las Partes en la Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Global Witness les ha instado a facilitar el acceso y la participación genuina a los defensores de la tierra y el medioambiente y sus comunidades.
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